Deudas en Ruanda

El endeudamiento en Ruanda sigue vías formales, no formales e informales. Entre los términos locales habituales están umwenda para deuda, inguzanyo para préstamo, umwishingizi para avalista e ingwate para garantía. El préstamo formal puede proceder de bancos, instituciones de microfinanzas con licencia, SACCO de Umurenge o crédito móvil como MoKash. El endeudamiento informal incluye grupos de ahorro y crédito ibimina, crédito en tiendas y préstamos de familiares o amistades. En 2024, aproximadamente el 63 % de las personas adultas declaró haber pedido dinero prestado o utilizado crédito durante los 12 meses anteriores; cerca del 10 % utilizó crédito bancario, el 19 % otro crédito formal, el 47 % préstamos informales, el 34 % grupos de ahorro, el 15 % crédito en tiendas y el 15 % préstamos de familiares o amistades. Estas categorías se solapan y no deben sumarse. La inclusión financiera alcanzó aproximadamente el 96 %, con un 92 % de inclusión formal y un 72 % de uso informal, pero los grupos informales no están regulados por el Banco Nacional de Ruanda. Los proveedores formales de servicios financieros deben informar sobre el producto, los riesgos, los derechos, las obligaciones, los costes, las tasas, la duración y las condiciones. Por lo general, deciden si aprueban o rechazan una solicitud de crédito en un plazo de dos días laborables; deben explicar los motivos de un rechazo y ofrecer información que pueda ayudar en una solicitud posterior. El calendario de amortización normalmente comienza en la fecha del desembolso, aunque un periodo de gracia o moratoria puede modificar los plazos y los intereses pueden capitalizarse. En un préstamo colectivo, el impago de un miembro puede dejar a los demás responsables de la obligación. El avalista firma un acuerdo aparte, recibe el acuerdo al menos dos días antes de firmar y debe recibir información periódica sobre la situación crediticia del prestatario. El proveedor debe explicar los derechos sobre las garantías y ayudar a registrarlas sin cobrar una tasa propia, aunque pueden aplicarse cargos oficiales. Si hay dificultades para pagar, el prestatario puede pedir al proveedor que considere formas alternativas de reembolso y solicitar una reestructuración. El acuerdo de reestructuración o su anexo debe indicar las condiciones revisadas, y la hoja informativa principal y el contrato de crédito deben describir las condiciones de reestructuración. Los intereses o las penalizaciones impagados solo pueden añadirse al principal con consentimiento escrito y no para eludir la norma aplicable sobre el límite de intereses y costes (duplum). El proveedor no puede añadir al principal intereses anticipados o tasas que no se hayan solicitado, ni aplicar una penalización sobre un saldo que ya haya dado de baja contablemente. Después del reembolso total, la cancelación registral de una garantía debe ser gratuita por parte del proveedor y completarse en un plazo de 15 días. Los tipos de interés, tasas, costes de garantía y costes de recuperación dependen del proveedor y del contrato; cuando lo exijan las normas aplicables, el proveedor debe avisar con al menos 30 días de antelación de los cambios de precios o costes. La Ley 73/2018 y su reglamento de aplicación, bajo la supervisión del Banco Nacional de Ruanda, regulan los datos crediticios. El prestatario puede solicitar una copia gratuita de su informe crediticio cada año, impugnar información inexacta, solicitar su corrección y recibir información por escrito cuando un proveedor tome una decisión desfavorable debido a datos del informe. Las reclamaciones sobre información crediticia deben investigarse en un plazo de 20 días laborables; cuando proceda, se puede apelar por escrito ante el Banco Nacional de Ruanda en un plazo de 30 días laborables. Para otras reclamaciones, el proveedor debe acusar recibo en un día laborable, emitir un código de seguimiento y responder en 15 días laborables; si el caso sigue abierto, debe actualizar el estado cada cinco días laborables. Una reclamación sin resolver puede remitirse al Banco Nacional de Ruanda mediante SMS al 6005, WhatsApp al 0791700721 o bnr.rw, y después al comité legal de reclamaciones o al tribunal competente, según corresponda. El cobro tiene límites. El proveedor de servicios financieros debe informar al prestatario de las obligaciones pendientes, dialogar sobre alternativas cuando surjan dificultades de pago anticipadas e intentar otras medidas de recuperación antes de ejecutar la garantía. Normalmente debe existir una opción de venta privada al menos 30 días antes de la ejecución, salvo que se haya renunciado a ella. El importe neto de la venta debe abonarse inmediatamente a la cuenta del préstamo; el prestatario debe recibir el saldo restante y un informe de venta que muestre el procedimiento, los ingresos brutos, los costes y los ingresos netos. No se pueden incautar bienes que no sean garantía sin base legal. Están prohibidos las amenazas, el acoso, la humillación, la exposición pública y la divulgación de la deuda a terceros ajenos al caso; el proveedor sigue siendo responsable de sus agentes e intermediarios. Por lo general, solo se debe reclamar al avalista después de agotar los intentos de recuperación amistosa frente al prestatario. La Ley 075/2021 establece un marco formal de insolvencia para empresas, sociedades y personas físicas, incluidos mecanismos de evitación voluntaria, insolvencia, liquidación, profesionales especializados y casos transfronterizos. Puede abrirse un caso cuando el deudor no puede pagar sus deudas a medida que vencen en el curso ordinario de sus actividades o cuando sus activos son inferiores a sus pasivos más el capital declarado, y se presenta una solicitud ante el tribunal competente. Las fuentes revisadas no establecen un servicio nacional independiente de asesoramiento sobre deuda de consumo, una cancelación automática de las deudas ni un proceso extrajudicial uniforme de alivio de deudas. El portal empresarial de la Junta de Desarrollo de Ruanda aún menciona la Ley 12/2009 en algunos lugares; por tanto, conviene comprobar la ley vigente y la práctica judicial para cada caso. La insolvencia empresarial es relevante localmente, pero no se han verificado de manera uniforme el acceso, el coste ni los plazos de la insolvencia individual. La deuda pública concierne al Gobierno, no a la cuenta de préstamo de una persona. En diciembre de 2025, la deuda pública y públicamente garantizada de Ruanda se situaba en el 73,6 % del producto interno bruto; el 80,5 % era deuda externa, el 19,5 % interna y el 89,2 % de la deuda externa tenía condiciones concesionales. La evaluación citada indicaba un riesgo moderado de sobreendeudamiento y un objetivo de deuda del 65 % del producto interno bruto para 2033. Estas cifras no determinan las prestaciones, los reembolsos ni el resultado de una insolvencia personal. El Banco Nacional de Ruanda supervisa los bancos, los proveedores de servicios financieros, la información crediticia y la protección del consumidor financiero; la Dirección General de Deuda del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica gestiona la deuda pública; y la Junta de Desarrollo de Ruanda, los tribunales y los profesionales de insolvencia se ocupan de las funciones pertinentes sobre empresas e insolvencia.