Estado de Samoa

La Constitución del Estado Independiente de Samoa de 1960 establece el orden constitucional del país. El samoano y el inglés son idiomas auténticos, y prevalece el inglés si los textos entran en conflicto. Los derechos constitucionales incluyen la vida, la libertad, un juicio justo, la religión, la expresión, la reunión, la asociación, la circulación y la residencia. El Parlamento puede restringir estos derechos por ley con fines como la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral o los derechos de otras personas, dentro de los límites constitucionales. El Fono Aoao Faitulafono es el Parlamento unicameral de Samoa. Incluye al jefe de Estado y a miembros de 51 circunscripciones. El Parlamento aprueba leyes y asignaciones presupuestarias, fiscaliza al poder ejecutivo y representa a las circunscripciones. Elige al jefe de Estado por un mandato de cinco años. Los comités parlamentarios examinan asuntos como las finanzas, los cargos constitucionales, los servicios sociales, la política económica y las infraestructuras. El público puede asistir a las sesiones parlamentarias y presentar observaciones a los comités cuando el procedimiento pertinente lo permite. El poder ejecutivo funciona mediante el jefe de Estado, el primer ministro y el Gabinete. El jefe de Estado nombra a un primer ministro que pueda contar con la confianza del Parlamento. El primer ministro dirige el Gabinete, cuyos ministros son nombrados por recomendación suya y son colectivamente responsables ante el Parlamento. La Secretaría del Gabinete apoya la coordinación central. La Fiscalía General proporciona el principal asesoramiento jurídico al Gobierno, redacta leyes, lleva litigios civiles gubernamentales y realiza procesos penales. La judicatura de Samoa es independiente. El sistema judicial incluye el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación y los tribunales de distrito, mientras que el Tribunal de Tierras y Títulos se ocupa de las tierras consuetudinarias, los títulos matai y las costumbres samoanas. El Ministerio de Justicia y Administración de los Tribunales apoya la administración judicial, los servicios de acceso a la justicia, los calendarios y las tasas judiciales. Los puntos de servicio judicial incluyen Mulinuu y Tuasivi. La autoridad consuetudinaria y la jurisdicción de los tribunales no son intercambiables: la Constitución y las leyes definen los límites jurídicos de las instituciones aldeanas y consuetudinarias. Samoa tiene 11 distritos tradicionales y políticos, llamados itūmālō: A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti y Vaisigano. El país también está compuesto por aldeas, o nuu, incluidas nuu mavae y aldeas no tradicionales, y 51 circunscripciones electorales. La estructura nacional revisada no muestra un nivel municipal elegido por separado. La administración local combina ministerios sectoriales con el sistema fa'amatai, el fono a matai, representantes aldeanos como el Pulenu'u y el Sui o le Nuu o Sui o le Malo, y consejos de distrito. La Ley de Fono Aldeano de 1990 somete ciertos aspectos de la autoridad aldeana a la supervisión de la legislación central. El Programa de Desarrollo de Distritos vincula la planificación distrital, la inversión pública y la prestación de servicios. Para el ejercicio fiscal 2025–2026, el programa figuraba con 91,8 millones de dólares, con 1,8 millones asignados por distrito. Cuarenta y ocho distritos tenían acuerdos iniciales de financiación, y el desembolso inicial era del 70 %. El 20 % de la financiación del programa se asigna a iniciativas de igualdad de género, discapacidad e inclusión social. Estos programas formales funcionan junto con la toma de decisiones consuetudinaria y las estructuras comunitarias locales. La administración central incluye ministerios, autoridades constitucionales, organismos legales y empresas estatales. La Comisión del Servicio Público es la autoridad constitucional de gestión de recursos humanos del servicio público, planificación de la plantilla, contratación y nombramientos, ética, desempeño y supervisión. Las confirmaciones de nombramientos en el servicio público se publican mediante circulares oficiales, y el plazo de apelación indicado es de 14 días. El acceso práctico a los servicios gubernamentales se concentra en Apia, pero también llega a las comunidades mediante Tuasivi y canales distritales y aldeanos. El Portal de Gobierno Único reúne servicios como el registro civil, pasaportes, impuestos y servicios empresariales, asuntos de conductores y vehículos, certificados policiales, suministros públicos e información meteorológica. El Ministerio de Finanzas dirige la gestión de las finanzas públicas conforme a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2001. El ejercicio fiscal de Samoa termina el 30 de junio. El proceso anual incluye el discurso presupuestario, las estimaciones, la estrategia fiscal, la autorización parlamentaria de gastos y, cuando sea necesario, estimaciones suplementarias. La estrategia fiscal abarca los ingresos, el gasto departamental, la gestión de la deuda y una proyección para los tres años siguientes. El Ministerio de Finanzas gestiona el flujo de caja, las nóminas, las cuentas públicas, los informes trimestrales, los boletines de deuda y la supervisión fiscal de las empresas estatales. Las últimas cuentas públicas listadas corresponden a 2023–2024; el informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025–2026 abarca de julio de 2025 a marzo de 2026 y no está auditado. Las adquisiciones incluyen la Junta Nacional de Licitaciones, mientras que los ingresos y las aduanas corresponden a organismos gubernamentales separados. La Oficina de Auditoría de Samoa es un órgano auditor constitucional independiente. Examina ministerios, organismos públicos, proyectos, cuentas públicas anuales y ámbitos como el desempeño, el medioambiente y la tecnología de la información, e informa al Parlamento. El Defensor del Pueblo, llamado Komesina o Sulufaiga, tramita quejas por mala administración, actúa como institución nacional de derechos humanos de Samoa e investiga abusos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las quejas pueden presentarse por escrito, por correo electrónico, por correo postal o en la oficina; hay buzones de quejas en comisarías y en la prisión de Vaiaata. Los plazos de tramitación dependen del caso. Los comités parlamentarios, la Fiscalía General y la Comisión del Servicio Público ofrecen otras formas de supervisión, mientras que la Oficina del Regulador regula las telecomunicaciones, la radiodifusión, los servicios postales y la electricidad. La esfera pública de Samoa incluye los derechos constitucionales de expresión, reunión y asociación. El Parlamento publica proyectos de ley, leyes, reglamentos, Hansard y traducciones samoano-inglés. La Ley de Registros Públicos de 2011 regula la conservación y el acceso a los registros públicos, pero la estructura revisada no la establece como un sistema general de libertad de información; el acceso puede aplazarse por motivos como la seguridad nacional o la confidencialidad. La Oficina del Regulador también gestiona licencias, espectro, tarifas, acceso universal y quejas de consumidores en los sectores de su competencia. Samoa no tiene fuerzas armadas. Sus funciones soberanas de seguridad dependen de la Policía de Samoa y de los Servicios Penitenciarios y Correccionales, incluida su unidad marítima, y de instituciones nacionales de emergencia y desastres. Las funciones policiales incluyen mantener la ley y el orden, proteger la vida y los bienes, prevenir e investigar delitos, controlar el tráfico, procesar causas y administrar correcciones. Los números de emergencia son 911 y el 22222 de la Jefatura de Policía. La Política de Seguridad Nacional de 2024 abarca la soberanía, las instituciones e infraestructuras públicas, la seguridad humana, la seguridad ambiental y de los recursos, la seguridad marítima, la delincuencia transnacional, los riesgos cibernéticos y la resiliencia ante desastres. La Oficina de Gestión de Desastres del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Desastres, el Comité Asesor de Desastres y el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia actúan conforme a la Ley de Gestión de Desastres y Emergencias de 2007. El acceso a las instituciones públicas no se rige por una tasa o plazo universal. Los requisitos, documentos, tarifas y tiempos de tramitación dependen de la agencia, tribunal, procedimiento de queja o servicio responsable. Tanto los procedimientos gubernamentales formales como las vías consuetudinarias aldeanas pueden afectar el resultado práctico, pero tienen bases jurídicas y límites distintos.