Desempleo en Sierra Leona

La última encuesta nacional de hogares, la Encuesta Integrada de Hogares de Sierra Leona (SLIHS) de 2018, registró un desempleo del 3.0% según la definición nacional de la OIT y del 12% según una definición más flexible. Los resultados urbanos y rurales difieren. Una estimación modelada del Banco Mundial y la OIT para 2025 fue del 3.1%, pero no corresponde a una nueva encuesta nacional de hogares. Por lo tanto, las cifras no describen toda la situación laboral. En la encuesta de 2018, el 52.5% de las personas trabajadoras trabajaba por cuenta propia sin empleados, el 33.2% prestaba ayuda no remunerada en un hogar y solo el 6.3% tenía empleo regular. Por ello, el subempleo y el trabajo informal pueden causar una grave inseguridad de ingresos incluso cuando una persona no se cuenta como desempleada abierta. La Dirección de Trabajo y Empleo, el Servicio Central de Empleo y la bolsa de trabajo de Cline Town son servicios públicos de empleo pertinentes dentro del MELSS. El artículo 30 de la Ley de Empleo de 2023 asigna a los centros de empleo funciones como recibir y publicar vacantes, registrar solicitudes y emitir tarjetas laborales y certificados de desempleo. La inscripción como solicitante de empleo es una vía voluntaria de acceso. Las fuentes consultadas no verifican una lista completa de requisitos operativos, plazo de tramitación ni tasa para la inscripción o el certificado de desempleo. El LMIS en línea ofrece búsquedas de vacantes, un creador de CV y alertas de empleo; acceder a empleos mediante este sistema es gratis. El artículo 32 prohíbe exigir dinero, regalos u otro beneficio a cambio de un empleo, salvo una tasa establecida. El sistema de prestaciones examinado no contempla actualmente una prestación general legal por desempleo en Sierra Leona. El Fondo Nacional de Seguridad Social y Seguros (NASSIT) cubre prestaciones de vejez o jubilación, invalidez y supervivencia, no de desempleo. La Estrategia Nacional de Protección Social 2022–2026 considera las prestaciones de desempleo un objetivo a largo plazo, idealmente para 2040. La Autoridad Nacional de Protección Social (NSPA), creada para coordinar la protección social en virtud de la Ley de Protección Social aprobada el 23 de enero de 2025, no establece por sí misma una prestación general por desempleo. Los programas focalizados pueden brindar apoyo práctico de ingresos o reinserción, pero no son un seguro de desempleo individual. La Red Nacional de Seguridad Social (NSSN) se centra en personas vulnerables de 60 años o más sin ingresos regulares y ofrece apoyo específico en efectivo o alimentos. La Red de Seguridad Social Productiva y Empleo Juvenil (PSSNYE), implementada por medio de la Comisión Nacional de Acción Social (NaCSA), se dirige a hogares en extrema pobreza, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad mediante transferencias monetarias, paquetes de medios de vida, obras públicas productivas —incluidas las Obras Públicas Verdes— y apoyo a empresas juveniles. El acceso depende de la selección del programa o de una convocatoria concreta, y la disponibilidad, el proceso de selección, las tasas y los calendarios de pago varían. En 2025 se documentaron 1,500 subvenciones a empresas juveniles por un valor equivalente a USD 300 cada una; se trató de una asignación del programa, no de un derecho general. La terminación del empleo puede generar derechos distintos de las prestaciones por desempleo. Según el artículo 67 de la Ley de Empleo de 2023, el trabajador puede solicitar un certificado de servicios al terminar el contrato. El artículo 80 prevé una indemnización por despido o prestación por fin de servicio tras al menos un año de servicio continuo, sujeta a las normas legales y exclusiones, como la falta grave; la cantidad también puede depender del contrato o convenio colectivo. Para una reducción de plantilla, el artículo 82 exige aviso escrito al Comisionado y al sindicato al menos tres meses antes de los cambios previstos, consultas, esfuerzos por reducir los despidos y consideración de empleos alternativos; el empleador debe hacer todo lo posible por pagar una indemnización por reducción de plantilla. La fuerza mayor o una emergencia pueden cambiar esa indemnización, aunque aún pueden corresponder prestaciones por fin de servicio y otros derechos aplicables. Según el artículo 90, un trabajador puede presentar una queja por despido improcedente al Comisionado. Las medidas posibles incluyen readmisión, recontratación, clasificación como reducción de plantilla o indemnización; la Ley establece como referencia mínima 24 meses del salario mínimo nacional.