Empleo en Sierra Leona

El Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social apoya la intermediación laboral, el registro de personas que buscan empleo, la orientación profesional, la información sobre el mercado laboral, los permisos de trabajo, las inspecciones y la resolución de conflictos. Su sistema SL-LMIS Job Tracker ofrece vacantes gratuitas, herramientas para crear un CV, alertas de empleo y solicitudes directas. Los centros de empleo pueden ofrecer vacantes, solicitudes, tarjetas laborales y certificados de desempleo. Otras vías son las agencias privadas de empleo, los anuncios, las entrevistas y las solicitudes directas. Por lo general, los empleadores deben notificar las vacantes al Comisionado de Trabajo y Empleo, y las personas sierraleonesas tienen prioridad en la contratación y la formación. En general, solo se considera a una persona experta extranjera cuando existe escasez local de competencias y el empleador cuenta con un plan de formación y sucesión. Las personas trabajadoras extranjeras también pueden necesitar un permiso electrónico de trabajo y, en ocupaciones reguladas, registro profesional. Por lo general, no se permiten cobros ni regalos por contratación, salvo una tasa establecida. El empleo formal está regulado por ley, pero el acceso y la cobertura están fragmentados. En la práctica son muy relevantes la agricultura, el comercio en mercados, la pesca, la minería y la artesanía, el transporte, el trabajo doméstico y de servicios, la construcción, los aprendizajes profesionales y el trabajo por cuenta propia; a menudo dependen de redes locales, capital disponible y contactos personales. Los datos administrativos del SL-LMIS registraron 31,803 trabajadores formales inscritos activos, pero esta cifra no representa el empleo total de Sierra Leona. La última encuesta de hogares de ILOSTAT identificada en la investigación data de 2018, mientras que la Encuesta de Población Activa de Statistics Sierra Leone es de 2014; ninguna debe sustituirse por el registro administrativo. La Ley de Empleo de 2023 se aplica en general a empleadores y trabajadores, incluidos los trabajadores civiles, pero excluye a las Fuerzas Armadas, la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario. El contrato de trabajo puede ser oral o escrito, pero el contrato y las normas de recursos humanos suelen requerir revisión y certificación del Comisionado, además de una copia para el trabajador. La falta de certificación no elimina los derechos ya devengados. Los detalles por escrito deben entregarse a más tardar 12 semanas después del inicio del trabajo e indicar el puesto, lugar de trabajo, remuneración y frecuencia de pago, deducciones, horas extraordinarias, jornada, permisos, disposiciones por enfermedad, preaviso, convenios colectivos y normas disciplinarias. El período de prueba puede durar hasta seis meses. El despido durante la prueba suele requerir siete días de preaviso o el pago equivalente. Un contrato de duración determinada inferior a seis meses puede prorrogarse una vez; el trabajo ocasional o temporal está destinado a labores estacionales o intermitentes y se limita a seis meses. Si el empleo con el mismo empleador supera seis meses y existe un puesto disponible, puede corresponder tratar al trabajador como permanente. El salario mínimo nacional es de NLe 1,200 al mes desde el 1 de abril de 2026 y se aplica a trabajadores con contratos orales y escritos. Cada pago debe incluir un desglose del salario bruto, cada deducción y su motivo, y el salario neto. Por lo general, el empleador retiene el impuesto sobre la renta PAYE y lo remite a la Autoridad Nacional de Ingresos conforme al régimen fiscal aplicable, normalmente antes del día 15 del mes siguiente. La inscripción en el Fondo Nacional de Seguridad Social y Seguros (NASSIT) es obligatoria incluso si el empleador tiene una sola persona trabajadora. La cotización es del 5% para el trabajador y del 10% para el empleador, y debe pagarse antes del día 15 después de finalizar el mes. Están cubiertos los trabajadores con contrato, a tiempo parcial, ocasionales y domésticos; quienes trabajan por cuenta propia pueden cotizar voluntariamente el 15% de los ingresos declarados. La jornada ordinaria es de hasta ocho horas al día o 40 horas a la semana. Un contrato puede ampliarla hasta un máximo de 10 horas al día y 48 horas a la semana. Un acuerdo escrito de turnos puede contemplar un promedio de hasta 10 horas diarias y 48 semanales durante un período máximo de tres semanas. Se aplica una pausa de al menos 30 minutos cuando el trabajo dura ocho horas o más. Salvo que una norma escrita disponga otra cosa, las horas extraordinarias se pagan con un incremento del 50% los días laborables y del 100% los fines de semana y festivos; el trabajo nocturno conlleva un incremento mínimo del 30%. Por lo general, los trabajadores deben comunicar la ausencia y su motivo en un plazo de 24 horas. Tras tres meses de servicio, las ausencias justificadas y remuneradas pueden cubrir fuerza mayor, citación judicial, fallecimiento en la familia y enfermedad dentro de los límites aplicables. Los trabajadores pueden afiliarse a sindicatos, dejar de pertenecer a ellos y participar en sus actividades. La ley prohíbe la discriminación, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, el trabajo forzoso, la violencia, el acoso y el acoso sexual. En general, no se puede exigir una prueba de embarazo a una persona candidata, salvo que lo justifique un puesto de alto riesgo o una restricción legal. La licencia de maternidad es de al menos 14 semanas con remuneración íntegra y protección del derecho a volver al empleo; la licencia de paternidad es de dos semanas con remuneración íntegra y puede usarse como máximo una vez al año. Para la licencia por enfermedad se requiere aviso y certificado médico. No se puede emplear en un lugar de trabajo a menores de 15 años, y las personas trabajadoras menores de 18 no pueden realizar trabajo nocturno, horas extraordinarias ni trabajo subterráneo. La jornada de las personas en prácticas se limita a ocho horas al día y 40 a la semana; pueden recibir una asignación o estipendio. Se puede empezar un aprendizaje profesional a partir de los 14 años. Al terminar el empleo, el trabajador debe recibir un certificado de servicios. Para poner fin a un contrato indefinido suele requerirse un mes de preaviso o el pago de un mes de salario básico en su lugar. Una falta grave puede justificar el despido sumario. Puede corresponder una indemnización por despido o prestación por fin de servicio tras al menos un año cuando el empleo termina por despido, jubilación, fallecimiento, renuncia o reducción de plantilla, salvo por falta grave; el pago vence en el plazo de un mes. Un despido colectivo que afecte al menos al 5% de los trabajadores en cuatro semanas requiere consulta, información al sindicato y aviso al Comisionado. Por lo general, un trabajador que impugne un despido improcedente debe presentar una queja por escrito al Comisionado o al Tribunal Superior en un plazo de 12 meses. Entre las posibles medidas están la readmisión, la recontratación o una indemnización, y el Comisionado puede ordenar al menos 24 meses del salario mínimo. Conserva el certificado de servicios y los registros de NASSIT, ya que respaldan futuras solicitudes de prestaciones de jubilación, invalidez y supervivencia.