Convivencia cotidiana en Siria

Las personas gestionan la convivencia a través de administraciones locales y consejos municipales, las fuerzas del orden, el sistema judicial, los centros comunitarios del ACNUR, las unidades móviles, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos comunitarios y las estructuras informales familiares, tribales o religiosas. Su función práctica varía según la gobernación, la situación de seguridad, la documentación, la financiación y la autoridad que controla la zona. Siria no cuenta con una oficina vecinal uniforme en todo el país, un procedimiento de mediación comunitaria ni acceso garantizado a un recurso local. El largo conflicto, la transición política iniciada en 2024 y los desplazamientos a gran escala siguen afectando las relaciones cotidianas. Desde diciembre de 2024, han regresado unos 1,6 millones de personas refugiadas y 1,9 millones de desplazadas internas, mientras que alrededor de 5,5 millones de personas siguen desplazadas dentro del país. Las zonas de retorno afrontan presión sobre los servicios, la vivienda, el trabajo, la protección y la cohesión social. Es habitual que las personas regresen con familiares o amistades, y la presión sobre el alojamiento compartido y los servicios puede contribuir a disputas entre quienes retornan y las comunidades de acogida. La movilidad en los espacios públicos varía mucho según el lugar y el grupo. En la evaluación disponible, alrededor del 94 % de las personas retornadas y el 82 % de las comunidades de acogida declararon poder desplazarse libremente, mientras que la inseguridad, el miedo al secuestro, los artefactos explosivos, los actores armados, la falta de documentos de identidad, las barreras sociales y la discriminación restringían el acceso de otras personas. Las mujeres y las niñas señalaron con frecuencia preocupaciones por su seguridad, y un 16 % declaró haber sufrido acoso o intimidación. En el primer trimestre de 2026, los incidentes con artefactos explosivos afectaron a 452 personas y causaron 153 muertes y 299 lesiones; el 72 % de los incidentes ocurrió en zonas agrícolas o de pastoreo. Estos riesgos también pueden limitar el acceso a escuelas, servicios y lugares de juego para la infancia. La diversidad cultural, religiosa, étnica y regional está reconocida formalmente, pero la inclusión práctica sigue siendo débil. Las mujeres, la juventud, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías, las personas desplazadas internas y quienes han retornado suelen necesitar una inclusión deliberada en las consultas y las decisiones locales. Las tensiones sectarias y regionales localizadas —incluidas las que afectan a las comunidades alauitas en las zonas costeras y las relaciones entre beduinos y drusos en As-Sweida y Daraa— hacen especialmente importantes el acceso neutral y la representación de confianza. Las personas recurren a distintas vías para resolver disputas. En una evaluación, la familia o los parientes fueron el primer canal para el 29 % de los problemas comunitarios declarados; les siguieron las fuerzas del orden, con un 19 %; el sistema judicial y los líderes comunitarios o tribales, con un 16 % cada uno; las personas mayores, con un 6 %; los líderes religiosos, con un 3 %; y los vecinos, con un 1 %. La resolución comunitaria de disputas no tiene una fuerza jurídica uniforme: el resultado depende de quién intervenga, de la zona y de si las autoridades formales lo reconocen o lo hacen cumplir. Existen ya comisiones de justicia transicional y de personas desaparecidas, pero el acceso a la búsqueda de la verdad, las reparaciones, la reconciliación y la restitución de vivienda, tierras y propiedades sigue siendo limitado. La documentación, la asistencia jurídica, la mediación comunitaria y la derivación a las fuerzas del orden o los tribunales pueden ofrecer una vía práctica, aunque la inseguridad, el coste, la falta de confianza y la representación desigual pueden impedirla. Las administraciones locales, los consejos municipales y las plataformas participativas pueden implicar a las comunidades en la definición de prioridades compartidas. Los modelos respaldados por el PNUD en Kadi Askar, en Alepo, y en el casco antiguo de Hama han incluido a mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas desplazadas internas en conversaciones comunitarias sobre la recuperación. El espacio cívico formal y la protección de las asociaciones, las asambleas, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo desiguales, por lo que participar puede ser más seguro o eficaz a través de una plataforma local de confianza, un centro comunitario o un equipo móvil. Los centros comunitarios y las unidades móviles del ACNUR, las personas voluntarias de extensión y los servicios de ONG u organizaciones de la sociedad civil pueden ofrecer derivaciones, apoyo jurídico y para la documentación civil, apoyo de salud mental y psicosocial, servicios para casos de violencia de género y protección infantil. En el primer trimestre de 2026, el 45 % de las personas evaluadas había accedido a servicios humanitarios y el 55 % no. Entre quienes accedieron a servicios, los canales declarados fueron ONG internacionales y locales, con un 38 %; grupos comunitarios, con un 36 %; la ONU, con un 15 %; y organismos gubernamentales, con un 11 %. La falta de servicios, de información o de proveedores, la distancia, la inseguridad, los problemas con los documentos de identidad, las barreras de género y la discriminación afectan al acceso. La participación cívica también se da en espacios adaptados a la juventud, el diálogo comunitario y las redes sociales. UNICEF informó de que 221.587 jóvenes participaron en más de 400 iniciativas cívicas y de que 5,2 millones de personas fueron alcanzadas mediante el diálogo comunitario en 2025. Entre enero de 2025 y enero de 2026, 44 espacios juveniles llegaron a aproximadamente 380.000 personas de entre 10 y 24 años. Los canales digitales pueden ayudar a difundir información sobre el retorno y a conectar comunidades, pero los daños a la infraestructura, la polarización, la desinformación y los discursos de odio entrañan riesgos; no existe un sistema en línea para resolver disputas o moderar contenidos en todo Siria. No hay un régimen nacional uniforme de tarifas ni plazos para los servicios de mediación comunitaria o convivencia: la disponibilidad y el seguimiento dependen de la autoridad local, la seguridad, la documentación y la financiación.