Desempleo en Sudán del Sur

Sudán del Sur utiliza una definición antigua de desempleo que exige no haber trabajado durante la semana de referencia, buscar empleo activamente y estar disponible para empezar. Una persona puede contar como empleada con solo una hora de trabajo semanal si recibe pago, remuneración en especie, beneficios, participa en una actividad familiar o produce para su subsistencia. Las personas desalentadas, trabajadoras estacionales y quienes tienen muy poco trabajo se miden por separado. El Banco Mundial y la OIT estimaron mediante modelos una tasa de desempleo del 12,4 % para 2023, mientras que las cifras históricas no son directamente comparables: el censo de 2008 registró un 12,6 % con un criterio estricto y un 18,5 % entre jóvenes; una encuesta urbana de 2019 registró un 2,1 % con un criterio limitado y alrededor de un 6 % al incluir a las personas desalentadas. La Oficina Nacional de Estadística está actualizando la información del mercado laboral y, según las pruebas disponibles, no se ha publicado una tasa nacional directa actual. El trabajo de baja productividad, la subsistencia, el trabajo ocasional y el estacional pueden ocultar una grave inseguridad de ingresos tras una tasa baja de desempleo abierto. Los artículos 35 y 36 de la Ley del Trabajo de 2017 permiten a trabajadores desempleados dispuestos y capacitados para trabajar, y a quienes buscan cambiar de empleo, registrarse en la bolsa de empleo responsable. El certificado de registro es gratuito, debería emitirse en un máximo de tres días y tiene una validez máxima de un año. Cada persona puede inscribirse en una sola bolsa; debe facilitar los datos y pruebas solicitados y proporcionar información veraz. En general, los empleadores recurren a personas inscritas, anuncian vacantes a través de la bolsa con su autorización y reciben candidaturas propuestas por esta. Si la bolsa no propone a una persona adecuada o vence el plazo pertinente, el empleador puede elegir por su cuenta a una persona cualificada después de 14 días laborables. No se ha establecido la disponibilidad práctica ni la cobertura de las bolsas de empleo en todo Sudán del Sur. El Sistema de Información del Mercado Laboral de Sudán del Sur, o SSLMIS, está concebido como plataforma gubernamental única de información laboral. No se han verificado su acceso nacional, el alcance de sus servicios ni los resultados de sus registros. Una agencia privada de empleo, o PEA, necesita una licencia de la Oficina del Comisionado de Trabajo conforme a la Ley del Trabajo, normalmente por un máximo de dos años. Compruebe la licencia y las condiciones de la agencia antes de compartir documentos o pagar; no se han verificado las tasas para solicitantes de empleo, el registro completo de agencias ni la cobertura nacional. La contratación no autorizada crea riesgos adicionales de fraude y seguridad. No se ha constatado en Sudán del Sur un seguro nacional de desempleo ni una prestación universal en efectivo con un proceso de solicitud, período de espera, cuantía, duración, obligación de buscar empleo, criterio de idoneidad, sistema de sanciones o vía de apelación definidos. El Ministerio de Trabajo y el Fondo de Seguro Social de Sudán del Sur tienen responsabilidades formales en ámbitos como el registro, las cotizaciones, las pensiones y la indemnización, pero no se ha establecido la existencia de un pago operativo por desempleo según las pruebas disponibles. Existe la Ley del Fondo Nacional de Seguro Social de 2023, pero no establece una prestación por desempleo documentada y disponible universalmente en la práctica. El apoyo a los ingresos se basa principalmente en programas y mecanismos informales. La Red de Seguridad Productiva para Oportunidades Socioeconómicas de Sudán del Sur, conocida como SNSOP o Shabaka Meisha, combina transferencias de efectivo y medidas sociales complementarias a través del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social y los socios ejecutores. Sus componentes de obras públicas intensivas en mano de obra y apoyo directo a los ingresos están dirigidos a hogares pobres o vulnerables, no únicamente a personas desempleadas. El acceso suele depender de la selección por condado, la movilización y verificación comunitarias, las listas de beneficiarios, los controles biométricos, la tramitación de pagos y los canales locales de reclamación. No se ha constatado que exista una tasa de participación, pero el calendario, los pagos y el acceso al efectivo dependen del proyecto y el condado. En 2024 se informó de que el programa cubría 157.500 hogares en 20 condados; una descripción posterior del Banco Mundial indicó apoyo a los ingresos para 156.142 hogares, un 78 % encabezado por mujeres, 1.266 empleos que sumaban 24,4 millones de jornadas y asistencia en efectivo para 92.495 hogares. Otras ayudas tienen criterios más limitados. La asistencia monetaria complementaria de UNICEF en Aweil Oriental llegó a 1.626 mujeres embarazadas o lactantes y cuidadores de niños menores de dos años mediante dos pagos durante seis meses. En Ruweng, en 2025, se informó de un programa de apoyo a 1.200 hogares con unos 41 USD al mes durante un año. Estos programas no son prestaciones por desempleo ni pueden considerarse un derecho general para todas las personas sin trabajo. En la práctica, el puente de ingresos suele proceder de la ayuda familiar y comunitaria, el trabajo ocasional, la agricultura de subsistencia o la ganadería, el trabajo estacional, el pequeño comercio, el trabajo por cuenta propia, los grupos de ahorro y préstamo y la asistencia humanitaria en efectivo. La protección legal, fiabilidad y previsibilidad varían considerablemente entre zonas urbanas y rurales y entre estados y condados. Las personas desplazadas y refugiadas pueden tener menos acceso al registro y a la participación en programas. La pérdida del empleo también puede gestionarse mediante las normas aplicables antes de que termine el trabajo. Para la extinción, el preaviso mínimo es de un mes tras un año de servicio, dos semanas tras seis meses y menos de doce, y una semana si no se llega a seis meses. Un contrato de duración determinada o por tarea termina cuando vence el plazo o se completa la tarea. Una reducción colectiva de al menos diez trabajadores en tres meses requiere notificar al Ministerio de Trabajo con al menos dos meses de antelación; un sindicato registrado debe recibir aviso con al menos 30 días. Tras al menos un año de servicio continuo, la indemnización por reducción de plantilla se calcula a razón de dos semanas de salario por cada año completo. La indemnización general tras al menos seis meses solo se aplica en casos definidos legalmente, y el cálculo puede negociarse. Perder el empleo no genera un pago nacional de sustitución de ingresos que continúe en el tiempo. Los salarios pendientes y otras reclamaciones contractuales pueden seguir siendo exigibles tras la extinción. El trabajador puede denunciar un despido improcedente u otra disputa laboral ante el Comisionado de Trabajo o el órgano competente de conciliación, mediación y arbitraje. La conciliación busca resolver la denuncia en 30 días; normalmente, el arbitraje requiere acuerdo de las partes y debe celebrarse en 90 días. Si no se resuelve, el asunto puede pasar al Tribunal Laboral, cuyas medidas pueden incluir readmisión, reincorporación, salarios perdidos o indemnización ordenada por el tribunal. Los costes y plazos dependen del caso y de la oficina responsable. La reincorporación laboral puede implicar una bolsa de empleo, SSLMIS, una PEA con licencia, contacto directo con empleadores, obras públicas de corta duración, un programa de red de seguridad, un grupo de ahorro, pequeño comercio, agricultura o ganadería. Los proveedores de formación profesional y desarrollo empresarial pueden apoyar la transición, pero no se ha constatado una plaza automática de formación, colocación laboral o pago de reincorporación. La mejor opción depende del lugar, la seguridad, los documentos, la movilidad, las competencias, las necesidades familiares y la disponibilidad de trabajo formal o informal. El registro, la selección para programas y la verificación de agencias deben tratarse como procesos distintos, no como un único sistema nacional de desempleo.