Mercado laboral en Sudán del Sur

La agricultura es el principal medio de vida de la mayoría de los hogares. Según la definición y la fuente, las estimaciones disponibles sitúan su proporción en alrededor del 60 % al 70,5 % del empleo o los ingresos familiares; no se trata de una medición nacional armonizada de la población activa. El trabajo rural incluye la agricultura, la ganadería y la producción de subsistencia. El trabajo urbano suele combinar negocios familiares, comercio en mercados, trabajos ocasionales y servicios personales con la agricultura. Los servicios tienen mayor peso en Juba y otras ciudades, mientras que Yambio y Rumbek siguen más orientadas a la agricultura y Aweil y Wau presentan mayor actividad comercial y de servicios. Estas comparaciones urbanas se basan en datos limitados y antiguos de algunas ciudades, y no deben considerarse clasificaciones estatales actuales. La economía formal comprende la administración pública, las organizaciones de ayuda y ONG, el comercio y los servicios, y el sector petrolero. El petróleo es tecnológicamente avanzado y central para las exportaciones y las finanzas públicas, pero genera relativamente pocos empleos locales directos. La industria sigue siendo reducida. La mayoría de los trabajadores son autónomos, trabajan en negocios familiares o mercados, o realizan trabajos ocasionales. El empleo formal permanente representa una pequeña proporción del trabajo urbano. Los conflictos, las interrupciones de las exportaciones petroleras, la crisis fiscal, la inflación, los retrasos salariales en el sector público, el desplazamiento, las inundaciones, las carreteras peligrosas y el crédito limitado pueden reducir el empleo o empujar a los hogares a volver a la agricultura y el trabajo ocasional. Entre 2020 y 2023, programas como el Proyecto de Red de Seguridad de Sudán del Sur crearon oportunidades temporales de ingresos para 65.045 hogares; las mujeres representaron el 52 % de las personas participantes. La población activa es joven; una política de formación profesional estima que alrededor del 72 % tiene menos de 30 años. La baja alfabetización y la falta de competencias prácticas limitan el acceso a empleos mejor remunerados. La educación y formación técnica y profesional, abreviada habitualmente como TVET, sigue en una etapa inicial, fragmentada y con financiación insuficiente. Los centros de formación profesional, los proveedores públicos y privados y los lugares de trabajo informales ofrecen vías distintas, con un acceso desigual según la región y los recursos económicos. La Autoridad de Educación y Formación Técnica y Profesional registra a los proveedores, mientras que la Junta Nacional de Educación Técnica debe examinar y certificar las competencias. Entre las áreas de formación pertinentes figuran la agricultura, la mecánica de vehículos, la restauración y hostelería, la construcción, la peluquería, la energía solar fotovoltaica, la sastrería y confección, y las competencias para la vida. Las políticas se centran en la formación basada en competencias, el aprendizaje en el lugar de trabajo, la certificación, el reconocimiento de competencias y mejores vínculos con la demanda empresarial. La Ley del Trabajo de 2017 prevé Bolsas de Empleo bajo la autoridad competente y atribuye su supervisión a la Oficina del Comisionado de Trabajo. En general, quienes buscan empleo o cambian de trabajo deben registrarse; el registro es gratuito, el certificado debería emitirse en tres días y dura hasta un año. Por lo general, los empleadores proponen trabajadores a través de una Bolsa de Empleo, aunque después de 14 días laborables pueden seleccionar de forma independiente a una persona cualificada. El uso y la eficacia actuales en todo el país no están bien documentados, por lo que las redes personales y los contactos informales siguen siendo fundamentales para encontrar empleo. Una agencia privada de empleo necesita licencia del Comisionado de Trabajo, normalmente válida por hasta dos años, y debe estar sujeta a registro y supervisión. La Oficina Nacional de Estadística y la Organización Internacional del Trabajo están preparando la primera Encuesta Nacional de Fuerza Laboral y Migración para 2025/26. En Juba se realizó una prueba previa en diciembre de 2025 y enero de 2026, con cobertura nacional y desgloses previstos entre zonas rurales y urbanas y por estado. También se prevé un Sistema de Información del Mercado Laboral para apoyar la planificación y la intermediación, pero las series nacionales actuales sobre empleo y salarios siguen incompletas. El Ministerio de Educación General e Instrucción, la Autoridad de Educación y Formación Técnica y Profesional, la Junta Nacional de Educación Técnica, los centros de formación profesional, el Consejo Asesor del Trabajo, la Asociación de Empleadores de Sudán del Sur y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Sudán del Sur contribuyen a distintos ámbitos del sistema laboral. El Consejo Asesor del Trabajo recomienda niveles de salario mínimo según las necesidades básicas, los niveles salariales generales, el coste de vida y la productividad; se prevé revisarlos al menos cada dos años. No se encontró una cuantía nacional vigente ni una publicación verificada, y la inflación puede reducir rápidamente el valor de los salarios nominales. Los atrasos salariales en el sector público son una preocupación importante y no hay comparaciones salariales fiables por sector. La Ley del Trabajo se aplica en general a empleadores y trabajadores, pero excluye al Ejército, las Fuerzas Organizadas, el personal de seguridad nacional, los jueces, el servicio diplomático y los titulares de cargos constitucionales. Según el marco legal disponible, determinadas actividades, como la venta ambulante, el comercio callejero, la conducción, el apoyo administrativo y otros trabajos manuales, están reservadas a ciudadanos de Sudán del Sur, aunque su aplicación no se mide de forma fiable. Los trabajadores extranjeros necesitan permiso de trabajo. Sudán del Sur es país de origen y destino de migración laboral. Las personas que buscan empleo en el extranjero deben registrarse ante el Comisionado de Trabajo. La primera Política y Plan de Acción Nacional sobre Migración Laboral se validó en 2025, pero las pruebas disponibles no establecían aún su aprobación política ni su implementación. Entre sus prioridades figuran mejorar los datos migratorios, la contratación justa, la supervisión de agencias privadas, el reconocimiento de competencias, las vías migratorias regulares, la protección de trabajadores, la protección social y el uso productivo de los beneficios de la diáspora y las remesas. Las oportunidades laborales varían mucho según el lugar, el sector, las competencias, la situación legal y el acceso a redes; los promedios nacionales no deben considerarse una garantía fiable de salario o empleo.