Vivienda en Sudán

Sudán no tiene un único sistema de vivienda. Las personas acceden a vivienda mediante la compra o transferencia registrada, el alquiler o subarriendo privado, el alojamiento familiar o de un clan, los programas estatales de vivienda, la asignación consuetudinaria, los asentamientos informales, la construcción por cuenta propia y el refugio humanitario o la ayuda para reparaciones. El acceso y la seguridad varían mucho según el estado, las condiciones de conflicto, los desplazamientos anteriores y la autoridad que controle el terreno. El conflicto y los desplazamientos dominan muchas decisiones de vivienda. Los hogares de acogida pueden compartir viviendas abarrotadas con familias desplazadas, mientras que otras personas viven en casas dañadas, campamentos, centros colectivos, asentamientos informales, tiendas de emergencia, escuelas y otros edificios públicos. ACNUR informó en 2024 de que más del 63 % de los hogares desplazados internos carecían de refugio adecuado. La evaluación DTM/MSNA de 2025 detectó necesidades de refugio insatisfechas en el 45 % de los hogares. Una encuesta de hogares urbanos realizada entre mayo y julio de 2024 indicó que el 31 % de los hogares encuestados estaba desplazado. Entre los tipos de refugio locales puede haber una rakouba o un tukul. Los organismos humanitarios pueden proporcionar tiendas para familias, postes de madera, esteras de junco, techumbres shargani, cuerda, herramientas, dinero para refugio o ayuda para reparaciones. La ayuda de refugio suele ser temporal o transitoria y no crea automáticamente derechos seguros sobre el terreno. Los derechos sobre la vivienda pueden inscribirse en virtud de la Ley de Liquidación y Registro de Tierras de 1925, modificada en 1985. El Registro General de Tierras depende del poder judicial y el Poder Judicial enumera 106 oficinas de registro de tierras. Un certificado de búsqueda, شهادة البحث, ayuda a verificar los derechos de propiedad o uso para una venta, transferencia, hipoteca, subdivisión o fusión. ملكية العين se refiere a la propiedad plena, mientras que ملكية المنفعة, también llamada حكر, se refiere a un derecho de usufructo o arrendamiento. El certificado de posesión, شهادة حيازة, se utiliza para algunas parcelas no urbanizadas o no registradas. Una compraventa o transferencia normalmente requiere al propietario o un poder válido, un documento de identidad o pasaporte electrónico y el pago de una tasa. El certificado utilizado para una compraventa o transferencia tiene una vigencia de siete días; la información del procedimiento indica que la verificación se realiza el mismo día, mientras que algunos trámites individuales de registro pueden tardar entre 24 y 48 horas cuando los servicios funcionan. Estos plazos no están garantizados en todo el país. La posesión no equivale a un título seguro. La legislación escrita, el derecho consuetudinario y las tradiciones religiosas coexisten, y puede ser difícil demostrar acuerdos verbales o consuetudinarios. En virtud de la antigua Ley de Tierras No Registradas de 1970, las tierras no registradas pueden considerarse terrenos públicos, lo que puede generar un conflicto entre un título legal, una reivindicación consuetudinaria y el uso o la posesión efectivos. En Darfur, el sistema Hakura puede asignar un Dar, es decir, el territorio ancestral de una tribu o comunidad, a través de un jeque o de la Administración Nativa. La asignación puede estar sujeta a condiciones o tener un plazo limitado y puede reasignarse si no se usa. La Administración Nativa puede mediar en disputas sobre tierras, límites y pastoreo. El Acuerdo de Paz de Yuba reconoció la propiedad indígena tribal de tierras y los derechos Hakura, y contempló la restitución o compensación por vivienda, tierras y bienes perdidos o confiscados, pero no se ha verificado el funcionamiento actual de la Comisión Nacional de Tierras ni de la Comisión de Tierras de Darfur. Los comités estatales y locales de planificación urbana, las autoridades de tierras y los ministerios responsables de infraestructuras o desarrollo urbano pueden controlar las decisiones de planificación. Para abrir o subdividir un terreno puede exigirse un croquis o levantamiento aprobado. La información disponible no establece un procedimiento nacional de permisos de construcción vigente y verificado, por lo que hay que confirmar los requisitos locales con la autoridad responsable. La financiación de vivienda puede proceder del Fondo Nacional de Vivienda y Reconstrucción, los fondos estatales de vivienda, bancos o proveedores de finanzas islámicas. Los programas pueden cubrir السكن الشعبي, vivienda popular o social; السكن الاقتصادي, vivienda asequible; y السكن القومي, vivienda nacional, pero el acceso, la priorización, las cuotas y los requisitos de seguridad varían según el programa y el estado. No hay pruebas de una prestación de vivienda universal en Sudán. El Diwan del Zakat puede apoyar a una familia sin alojamiento registrado a través de una oficina local, un formulario de caso del Comité del Zakat, una prueba de una autoridad de vivienda o tierras y un certificado de residencia vigente; el coste del servicio registrado es cero, pero la disponibilidad depende de la situación local de seguridad y administración. Los inquilinos y ocupantes deben conservar pruebas escritas del acuerdo, la identidad de la contraparte, los pagos de alquiler y los datos de los testigos. El arrendador o la autoridad que asigna el alojamiento debe poder mostrar un título o autorización válidos, y una asignación consuetudinaria debe indicar la autoridad que la otorga, su duración y sus condiciones. No se ha verificado un sistema nacional uniforme para registrar arrendamientos residenciales ni normas estándar de preaviso, depósitos o desahucio que puedan aplicarse en cualquier localidad. Las mujeres pueden enfrentar obstáculos adicionales: en Darfur, informes de la ONU han señalado que la práctica Hakura puede no conferir derechos directos sobre la tierra a las mujeres, por lo que en algunos contextos el acceso depende de familiares varones. La herencia y la participación de mujeres, viudas y hogares encabezados por mujeres en la gobernanza de tierras requieren comprobaciones específicas, no suposiciones para todo el país. Los hogares nómadas y pastoriles pueden tener derechos temporales de acceso al agua, pastoreo o rutas ganaderas, en vez de derechos permanentes sobre terrenos residenciales. La calidad de la vivienda abarca la seguridad, la intimidad, la protección frente al clima, el agua y el saneamiento, la salud, el drenaje y la exposición a inundaciones. Las reparaciones, la rehabilitación, la vivienda transitoria y la planificación del emplazamiento pueden mejorar la habitabilidad, pero las lluvias intensas, las inundaciones y los daños del conflicto varían según la región. Las disputas de tierras y vivienda pueden remitirse primero a la Administración Nativa o a comités locales en zonas consuetudinarias. Las disputas sobre tierras registradas pueden involucrar a las oficinas de registro de tierras, los organismos de planificación, el poder judicial o los tribunales. Las reclamaciones contrapuestas, la ocupación ilegal, las disputas de límites, el retorno, la restitución y la ocupación secundaria conllevan riesgos importantes. Las organizaciones humanitarias pueden ofrecer asistencia jurídica o asesoramiento sobre vivienda, tierras y propiedad a hogares desplazados o retornados. El regreso o la reubicación después del conflicto puede afectar tanto al hogar que retorna como a quienes ocupan ahora la propiedad. Conviene conservar pruebas como títulos, documentos de ocupación, arrendamientos, asignaciones consuetudinarias, registros de daños, documentos de herencia y declaraciones de testigos. No se puede dar por sentada la restitución ni la compensación, y no se ha verificado un mecanismo nacional que garantice el reingreso seguro o una vivienda de reemplazo.