El Estado en Turkmenistán

La Constitución y las leyes conforman el marco jurídico del Estado, y las normas de aplicación pública deben darse a conocer oficialmente. El turcomano es el idioma estatal. El Presidente, Serdar Berdimuhamedov, es el máximo funcionario, jefe de Estado y jefe del poder ejecutivo. Conforme al sistema constitucional, responde por la independencia, la neutralidad, la integridad territorial, la Constitución y los derechos fundamentales; es comandante en jefe supremo y emite decretos, decisiones y órdenes vinculantes para el país. Desde 2023, el Halk Maslakhaty es el máximo órgano representativo del poder popular y un órgano constitucional. Su presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, ostenta el título de Líder Nacional. El Halk Maslakhaty es distinto de los Halk maslahatlary locales. El Mejlis es una legislatura unicameral con 125 diputados, ocho comités y mandatos de cinco años. El Gabinete de Ministros es el órgano ejecutivo y administrativo; lo preside el Presidente y se forma un nuevo Gabinete en el plazo de un mes desde que el Presidente asume el cargo. Los vicepresidentes, ministros, ministerios y otros órganos estatales desempeñan funciones ejecutivas. El Tribunal Supremo y los demás tribunales administran justicia. El Presidente nombra y destituye a los jueces, y el sistema no cuenta con tribunales especiales. Turkmenistán tiene cinco velayats: Ahal, Balkan, Dashoguz, Lebap y Mary. Aşgabat y Arkadag funcionan como ciudades con unidades presupuestarias propias. Por debajo del nivel de velayat se encuentran los etraps, ciudades, pueblos, asentamientos, gengeshliks y aldeas. La administración estatal local está a cargo de los häkimliks de velayat, etrap y ciudad. El Presidente nombra y destituye a los häkims, responsables dentro de la administración estatal. Los Halk maslahatlary locales tienen miembros electos y se ocupan de presupuestos locales, programas de desarrollo y orden público. Un Geňeş es un órgano de autogobierno local, no forma parte del poder estatal; tiene miembros electos, presupuesto y bienes propios, puede establecer tasas locales dentro de sus competencias y está encabezado por un Arçyn. Los límites administrativos pueden cambiar. Una resolución del Mejlis de 19 de septiembre de 2025 creó siete etraps: Altyn Asyr en Ahal; Garashsyzlyk y Gubadag en Dashoguz; Dovletli, Farap y Garabekevul en Lebap; y Oguzhan en Mary. El Ministerio de Agricultura y los häkimliks pertinentes determinan los límites y los centros, y los tribunales de etrap se ajustaron a partir del 1 de octubre de 2025. Quien dependa de una unidad administrativa, un tribunal o una autoridad local debe comprobar la ley vigente del Mejlis y su aplicación local. Las personas pueden dirigirse al Presidente, el Mejlis, el Gabinete de Ministros, los ministerios, los häkimliks o los órganos de Geňeş. El acceso al servicio público se basa en la capacidad y las cualificaciones profesionales, aunque el proceso concreto de contratación depende de la institución. Los tribunales ofrecen protección jurídica frente a actos ilegales de órganos estatales, autoridades locales y funcionarios. Una persona puede solicitar indemnización por una actuación ilícita y asistencia jurídica, incluida asistencia gratuita cuando la ley lo establezca. Entre las obligaciones generales figuran cumplir la Constitución y las leyes, pagar impuestos y otros pagos exigidos, proteger el medioambiente y, en el caso de los ciudadanos turcomanos varones, realizar el servicio militar obligatorio general. Las tasas y los plazos dependen del procedimiento; la información disponible no establece un calendario central único que abarque todos los servicios públicos. El sistema financiero y crediticio abarca el presupuesto estatal en todos sus niveles, el Banco Central, las entidades de crédito y otras instituciones financieras. El manat es la moneda nacional. El Banco Central dirige la política monetaria, administra la circulación de efectivo y los sistemas de pago y liquidación, protege a acreedores y depositantes y gestiona las reservas internacionales. Para 2026, los ingresos y gastos previstos del presupuesto estatal ascienden cada uno a 131.845,1 millones de manat. El presupuesto centralizado es de 119.703,3 millones de manat; el presupuesto de primer nivel es de 36.500,0 millones, incluidos 24.358,2 millones de fondos centralizados; los presupuestos locales suman 15.521,0 millones; y se asignan 3.379,2 millones de fondos de nivelación a Arkadag, Dashoguz y Lebap. Los gastos protegidos incluyen salarios, pensiones, prestaciones estatales y becas. Para 2026 se fijan por separado las participaciones fiscales regionales. Un déficit puede financiarse mediante bonos estatales y/o saldos de efectivo restantes, y el Ministerio de Finanzas y Economía puede ajustar las asignaciones presupuestarias cuando nuevas leyes o su aplicación lo exijan. La supervisión financiera combina controles externos e internos. La Cámara Superior de Control, el Ministerio de Finanzas y Economía, las autoridades locales de finanzas e impuestos y las unidades de control interno examinan la legalidad, la justificación y la eficiencia. La Cámara Superior de Control y el Ministerio establecen normas de control, sujetas a la aprobación presidencial. El Ministerio presenta informes trimestrales al Gabinete. Los presuntos delitos o infracciones administrativas se remiten a la autoridad competente de aplicación o de infracciones. El Fiscal General y los fiscales subordinados supervisan la legalidad, incluidas las operaciones de investigación y las investigaciones preliminares. Los tribunales ofrecen protección judicial. El Defensor del Pueblo es un cargo estatal para el que el Mejlis elige a una persona de entre tres candidaturas propuestas por el Presidente. El mandato dura cinco años, con un máximo de dos mandatos consecutivos. Pueden presentar quejas los ciudadanos, los extranjeros y las personas apátridas. En general, el Defensor del Pueblo espera que la persona agote primero los procedimientos disponibles de reclamación judicial o administrativa. La oficina puede realizar inspecciones sin previo aviso, incluso en órganos estatales, centros de detención y las fuerzas armadas, y publica informes anuales. En 2024, las quejas escritas disminuyeron en 17 respecto de 2023 y las orales en 7. La Constitución reconoce el pluralismo político, un sistema multipartidista, la libertad de asociación y la libertad de religión. Las organizaciones religiosas están separadas del Estado. La Ley de Medios de Comunicación abarca la prensa, la radiodifusión y los medios en línea, y establece formalmente la libertad de información y expresión, el acceso a la información en poder de los órganos estatales y la prohibición de la censura como principio jurídico. En general, los medios estatales y locales y los medios en línea deben registrarse. El Gabinete determina la política de medios y los reguladores designados desempeñan las funciones relacionadas. Las restricciones legales abarcan los llamamientos a la violencia contra el orden constitucional, las amenazas a la soberanía o la integridad territorial, el odio y la discriminación, la pornografía y las drogas, la desinformación y la interferencia en la administración de justicia. Este marco jurídico no determina por sí solo el nivel práctico de pluralismo ni su aplicación. El Consejo de Seguridad del Estado opera bajo la autoridad del Presidente. En las funciones de seguridad participan el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Servicio Estatal de Fronteras, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo, Adalat, las autoridades aduaneras y las de migración. Sus responsabilidades incluyen la defensa del Estado y sus fronteras, el orden interno, la prevención del delito, la seguridad vial y contra incendios, los intereses y la estabilidad nacionales, y la supervisión de la legalidad. La Doctrina de Defensa define la defensa nacional como defensiva, mientras que la neutralidad permanente constituye el marco más amplio de seguridad y política exterior. La información detallada sobre acceso, costes y plazos de las funciones relacionadas con la seguridad no suele poder obtenerse públicamente por motivos de confidencialidad.