Etapas de la vida en Turkmenistán

Turkmenistán no tiene una sola institución ni un sistema jurídico que abarque todas las etapas de la vida. Las normas formales se reparten entre los sistemas de edad, familia, educación, empleo, protección social y estado civil, mientras que las prácticas informales no se cuantifican de forma fiable en todo el país. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población, el Ministerio de Adalat, las oficinas ZAGS de registro civil, las autoridades de tutela y curatela, los hyakimliks locales y el Fondo de Pensiones se ocupan de distintas transiciones. Las personas menores de 18 años son menores de edad y la plena capacidad jurídica suele comenzar a los 18. El censo de 2022 contabilizó 2.463.258 menores de 0 a 17 años, es decir, el 34,9 % de la población; el 57,8 % vivía en zonas rurales. Estas cifras ayudan a explicar por qué el acceso a la educación y los servicios puede variar entre las zonas urbanas y rurales. Todo nacimiento debe inscribirse y recibe un certificado de nacimiento. ZAGS puede inscribirlo en el lugar del nacimiento o en el de residencia de los progenitores, normalmente el mismo día de la solicitud y sin cobrar una tasa. La falta de domicilio registrado no es un motivo válido para denegar la inscripción. Para un menor de 1 a 16 años, solicita la inscripción uno de los progenitores u otra persona habilitada; a partir de los 16 años se utiliza un procedimiento judicial. ZAGS también registra matrimonios, divorcios, adopciones, paternidad, cambios de nombre y defunciones. Los niños suelen cursar al menos un año obligatorio de preparación escolar entre los 5 y los 6 años, salvo la excepción de educación en el hogar. La primaria suele comenzar a los 6 años. La educación secundaria general es obligatoria y gratuita en las escuelas estatales. En 2022, la asistencia a preescolar de los niños de 3 a 5 años fue del 40,5 % en todo el país, frente al 64,7 % en las zonas urbanas y el 23,8 % en las rurales. La diferencia entre regiones era amplia: desde el 70,6 % en Asjabad hasta el 19,1 % en Dashoguz. La política juvenil estatal abarca a personas de 14 a 35 años. Incluye escolares, estudiantes, jóvenes trabajadores, jóvenes especialistas, familias jóvenes y jóvenes emprendedores. Por lo general, se considera familia joven a la formada por personas menores de 35 años. Pertenecer al grupo juvenil no elimina la condición jurídica de menor: quienes tienen menos de 18 años siguen sujetos a las normas de protección infantil. Turkmenistán no cuenta con una única condición juvenil general separada de leyes y programas específicos. El empleo suele comenzar mediante un contrato de trabajo a partir de los 18 años. Una persona de 16 años puede trabajar con consentimiento parental y recibe protección adicional; se prohíben los trabajos peligrosos para menores de 18 y la jornada laboral se limita a un máximo de 24 horas semanales. La legislación también establece garantías de empleo para grupos que incluyen a jóvenes especialistas, graduados de orfanatos hasta los 24 años, personas con discapacidad, progenitores solos, personas próximas a la edad de jubilación y quienes cuidan a personas dependientes en su hogar. La mayoría de edad conlleva plena capacidad jurídica y el derecho a casarse a partir de los 18 años para ambas personas. Una autoridad de tutela o curatela reconocida legalmente puede reducir la edad para contraer matrimonio hasta en un año por un motivo grave. El matrimonio civil se inscribe en ZAGS y requiere el consentimiento libre y mutuo de ambas personas. Las prestaciones por nacimiento, las ayudas mensuales para el cuidado infantil desde el nacimiento hasta los 3 años, las ayudas de maternidad y cuidados y las prestaciones relacionadas con la discapacidad vinculan los acontecimientos familiares con el sistema de protección social; las cuestiones detalladas de derecho de familia corresponden principalmente a esa rama jurídica. Cuando un menor carece de cuidados parentales, la autoridad de tutela y curatela investiga el aviso en un plazo de tres días laborables y organiza su colocación en el plazo de un mes. Se da prioridad a la colocación con familiares, la adopción o la tutela; un centro infantil o social es una opción subsidiaria. El Estado ofrece apoyo integral en los centros residenciales. En los casos que establece la ley, se requiere el consentimiento del menor a partir de los 10 años. Los hyakimliks locales, es decir, las autoridades administrativas locales, organizan los lugares de colocación. Las transiciones relacionadas con la discapacidad pueden implicar una prestación estatal por discapacidad, rehabilitación, educación, formación profesional, empleo y medidas de accesibilidad. Hay un complemento de cuidados para una persona con discapacidad de categoría I o para una persona sola con discapacidad visual de categoría II que tenga una necesidad de asistencia acreditada médicamente. Estas normas se refieren a la protección social y la participación; el diagnóstico y tratamiento médicos corresponden a los servicios sanitarios. La edad legal de jubilación suele ser de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, y normalmente se exigen al menos cinco años de cotización obligatoria al seguro de pensiones. Algunos grupos pueden tener derecho a jubilarse antes, como las madres de varios hijos, las mujeres que cuidaron de un hijo con discapacidad, el personal militar, el personal de vuelo y las personas empleadas en trabajos arduos. El Fondo de Pensiones depende del Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población. Una persona que pierde la capacidad de satisfacer por sí misma sus necesidades esenciales debido a la edad, una enfermedad, una discapacidad u otra circunstancia que reúna los requisitos puede solicitar servicios sociales. El proceso comienza con una solicitud por escrito, seguida de una evaluación individual de necesidades y un plan individual de servicios. Los servicios pueden prestarse en el domicilio, durante el día o en una residencia, de forma temporal o permanente. Las normas incluyen expresamente a quienes viven solos y a las personas mayores que ya no pueden atender por sí mismas algunas necesidades esenciales. Los servicios sociales pueden prestarlos entidades públicas y no estatales. Las personas usuarias tienen derecho a recibir información y un trato humano, a estar protegidas frente a la violencia y el abandono, a rechazar un servicio y a presentar quejas. Los cargos dependen de la tarifa aplicable y de cada caso, y los proveedores deben indicar las opciones gratuitas disponibles. La información disponible no establece un tarifario nacional fiable con importes exactos.