Derecho de inmigración en Tuvalu

La Ley de Inmigración y su Reglamento, consolidados en la edición revisada de 2022, establecen las principales normas. El Principal Immigration Officer, los funcionarios de inmigración y el ministro se ocupan de las decisiones migratorias. El Registrar of Citizenship y el Citizenship Committee gestionan los asuntos de ciudadanía, mientras que el ministerio responsable del Trabajo interviene en las solicitudes de empleo. Las personas extranjeras deben entrar con un permiso válido, salvo que se aplique una exención. Al llegar, quizá deban presentarse ante un funcionario de inmigración, proporcionar la información y los formularios requeridos y completar las tarjetas de entrada y salida. Puede exigirse un billete de salida o una prueba de viaje posterior, y las autoridades pueden requerir una garantía de repatriación. La persona solicitante tiene la carga de demostrar que cumple las condiciones de entrada o residencia. Las exenciones incluyen a la ciudadanía tuvaluana, cierto personal militar y diplomático, algunos empleados públicos y sus familias, determinados estudiantes que regresan, personas designadas por el ministro y marineros exentos. Si termina una exención, por lo general la persona dispone de tres meses para obtener un permiso antes de pasar a estar en situación irregular. En general, se admite a los visitantes para estancias cortas. La ley define como visitante a quien tiene la intención de permanecer no más de cuatro meses, mientras que el Reglamento establece un permiso de visitante de hasta 30 días. Se puede conceder una prórroga de hasta 30 días, pero el límite acumulado de estancia suele ser de tres meses durante los 12 meses anteriores. Las condiciones ordinarias del permiso de visitante prohíben el empleo, los negocios, los estudios y el proselitismo. Una autorización especial puede permitir actividades empresariales o empleo durante un máximo de 30 días, sujeto a las tarifas y condiciones aplicables. Quizá se necesite un billete de salida o una prueba de entrada a un tercer país. En general, la tarifa para visitantes de nacionalidades no incluidas en el Anexo 1 es de $100, aunque puede concederse una exención; los formularios describen un cargo recíproco para visitantes de AUD 100. La autorización especial para actividades empresariales o empleo cuesta $100 adicionales; una prórroga cuesta $100 si no hay trabajo ni actividad empresarial y $200 si los hay. El permiso de entrada y residencia abarca los negocios, el empleo, los estudios, la investigación académica o científica, los fines culturales o religiosos, la reunificación o asistencia familiar, las personas acompañantes y otros fines aprobados por el ministro. El permiso puede durar hasta un año y prorrogarse hasta tres veces dentro de un periodo de cinco años, salvo que el interés nacional y el asesoramiento del Citizenship Committee justifiquen una excepción. La solicitud se presenta con el formulario 3, en inglés o tuvaluano, y normalmente incluye pasaporte o documento de identidad, dos fotografías de pasaporte, el pago de la tarifa, pruebas del propósito de la estancia, pruebas de fondos o el formulario 6 de una persona residente que patrocina, y un billete de salida o garantía de repatriación. Si la estancia prevista supera un año, se requiere un examen médico con el formulario 7, un examen radiológico con el formulario 8 y certificados policiales de cada jurisdicción donde la persona solicitante haya vivido más de un año durante los cinco años anteriores. La evaluación tiene en cuenta la buena salud y la buena conducta. Las solicitudes de empleo requieren el formulario 5 de patrocinio del empleador. Las personas que solicitan por motivos empresariales presentan una descripción del negocio y pruebas financieras. La oficina de inmigración remite el expediente de empleo al ministerio responsable del Trabajo; la aprobación laboral precede a la decisión sobre el permiso migratorio. La legislación examinada no contempla un instrumento independiente de permiso de trabajo. Un permiso de residencia puede restringir la ocupación o el empleador. El trabajo no autorizado, el cambio o la terminación del empleo o negocio aprobado y el cambio del propósito declarado pueden dar lugar a la cancelación. Las personas empleadas inmigrantes siguen cubiertas por la Ley de Relaciones Laborales y Empleo; los contratos de más de tres meses deben estar por escrito y certificados por la Secretaría. Pueden aplicarse mecanismos de inspección laboral, conciliación, revisión o apelación. Las condiciones del permiso son vinculantes. La persona titular debe mantener medios legales de subsistencia, aportar información veraz y completa y cumplir los requisitos de entrada y salida. El permiso termina automáticamente si su titular no entra durante el periodo autorizado o si es condenada a una pena de al menos un año y no recibe un indulto total. El ministro puede cancelarlo por información falsa o incompleta, trabajo no autorizado, incumplimiento de condiciones, cambio de propósito, medios de subsistencia insuficientes o cambio de empleo o negocio. La cancelación también puede basarse en un perjuicio para la paz, el orden, la gobernanza o el bienestar. Se notifica por escrito mediante el formulario 9 y la apelación no suspende la cancelación. Una persona puede ser considerada inmigrante inadmisible si no tiene un permiso o exención válidos, existe una orden de expulsión o deportación, carece de medios suficientes o de un empleo definido, concurren determinados motivos médicos o condenas en el extranjero, o el ministro la declara o considera indeseable mediante una orden. Esto también puede afectar a familiares o personas dependientes. Tras una condena por presencia ilegal, el ministro puede emitir una orden de expulsión transcurridos 14 días o el plazo mayor que se haya fijado. Por lo general, la expulsión no se ejecuta hasta que se resuelva la apelación de una condena o venza el plazo para apelar. La persona puede quedar bajo custodia y ser trasladada a su país de origen, al país de su ciudadanía o a otro Estado que acepte recibirla. Normalmente, la persona o el buque asumen los costes, aunque las autoridades pueden decidir que los cubra el Fondo Consolidado. Una persona perjudicada puede remitir por escrito una decisión migratoria al ministro en un plazo de 14 días o de 28 días si reside fuera de Tuvalu. El ministro puede confirmar, modificar o revocar la decisión. Puede concederse un permiso provisional si es improbable que la persona se convierta en una carga pública. La legislación revisada no especifica un plazo legal para resolver la apelación. El Registrar of Citizenship puede registrar como ciudadanos a adultos que no tengan la ciudadanía por aplicación de la ley. El registro también puede aplicarse a matrimonios que reúnan las condiciones con una persona ciudadana de Tuvalu, adopciones por una persona ciudadana que reúna los requisitos, filiación y determinadas categorías históricas del Día de la Independencia. Un progenitor o tutor puede presentar la solicitud para una persona menor de 18 años. Se requiere el formulario 2 y documentación justificativa, y la ley no establece un plazo general para solicitar el registro. La naturalización se decide a través del Citizenship Committee y el Registrar. Por lo general, la persona solicitante debe tener al menos 18 años, haber residido habitualmente durante siete años, tener la intención de hacer de Tuvalu su hogar permanente, poseer bienes personales por un valor mínimo de $250.000, conocer las leyes y costumbres de Tuvalu, cumplir el requisito de buena conducta y no padecer una enfermedad transmisible permanente. Una condena de al menos 12 meses impide cumplir el requisito de buena conducta indicado. El proceso puede exigir pruebas documentales y orales, así como un juramento de lealtad ante el Gobernador General. Se exige renunciar a otra nacionalidad, salvo que resulte impracticable; en ese caso, la persona solicitante puede presentar la declaración prevista en la sección 10. La sección 9(1) establece que una persona ciudadana de Tuvalu también puede ser ciudadana de otro país, mientras que los formularios de registro y naturalización siguen exigiendo la renuncia o la declaración de la sección 10; por tanto, las autoridades deben aclarar qué disposición se aplica en cada caso. Las tarifas de ciudadanía incluyen $100 por una solicitud de registro y $500 por su certificado; $300 por una solicitud de naturalización y $10.000 por su certificado; $300 por una declaración de renuncia a una nacionalidad extranjera; $300 por renunciar a la ciudadanía tuvaluana; $200 por un certificado de recuperación de ciudadanía y $20 por una copia certificada. Por lo general, una persona que fue ciudadana y desea recuperar la ciudadanía necesita cinco años de residencia, sin contar el tiempo anterior a la pérdida o renuncia. Las controversias relacionadas con el Citizenship Committee pueden remitirse al ministro y después al High Court. Antes de perder la ciudadanía o ser privada de ella, la persona debe tener la oportunidad de presentar alegaciones. Las declaraciones materiales falsas, los documentos falsos o la ocultación de información pueden conllevar una multa de $1.000 y un año de prisión. Tuvalu es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, pero la Ley de Inmigración y su Reglamento nacionales vigentes no contienen un procedimiento específico de asilo o determinación de la condición de refugiado. ACNUR puede ayudar con la evaluación, pero el acceso a protección está fragmentado y no se ha demostrado que exista un permiso automático de residencia para personas refugiadas. En un caso individual, un permiso de entrada y residencia y la discreción del ministro o del Principal Immigration Officer pueden ser los mecanismos nacionales más cercanos. Tuvalu tampoco tiene un permiso de residencia permanente independiente. En general, quien busca una situación duradera necesita renovar el permiso de residencia y más adelante puede solicitar la naturalización tras siete años si cumple todos los requisitos legales; ninguno de esos resultados es automático.