Derecho penal en Vanuatu

El sistema de justicia penal de Vanuatu combina la Constitución, la legislación escrita, influencias del derecho anglosajón y el derecho consuetudinario, dentro de los límites legales. El derecho consuetudinario no puede prevalecer sobre la ley escrita ni sobre los principios de justicia, moralidad y orden público. Los castigos extrajudiciales y las represalias privadas no son alternativas legales al proceso penal ante un tribunal. Cualquier persona puede denunciar un presunto delito ante la Fuerza de Policía de Vanuatu (VPF). La policía puede iniciar una investigación sin esperar a que una víctima presente una denuncia o declaración. Los agentes recopilan declaraciones y otras pruebas y remiten la investigación a la Fiscalía (OPP). La OPP es independiente del Gobierno, la policía y los tribunales; evalúa las pruebas y el interés público, decide si inicia un proceso y selecciona los cargos. También puede asesorar a la policía durante una investigación. Los procedimientos penales pueden incluir detención, prisión preventiva, investigación preliminar, libertad bajo fianza, citación y juicio. Las condiciones de la fianza abordan riesgos como la incomparecencia, la interferencia con testigos o investigaciones y la comisión de nuevos delitos; también puede considerarse la solidez de las pruebas. La persona acusada tiene protección constitucional de la libertad, amparo de la ley, derecho a una audiencia justa dentro de un plazo razonable, ante un tribunal imparcial e independiente, asistencia letrada y presunción de inocencia. La fiscalía debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por lo general, el aviso de apelación debe presentarse en un plazo de 14 días; las reglas penales de los Tribunales Insulares limitan cada aplazamiento o período de prisión preventiva a un máximo de 7 días. El Tribunal de Magistrados tiene jurisdicción penal sumaria sobre delitos castigados con hasta 2 años de prisión. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción penal ilimitada y conoce de las apelaciones del Tribunal de Magistrados. Los Tribunales Insulares tienen jurisdicción penal limitada y funcionan mediante 11 tribunales locales, cada uno con tres magistrados. El acceso a los tribunales y los plazos dependen de la isla, el registro judicial, la situación de prisión preventiva, las pruebas y los recursos jurídicos disponibles. Hay registros judiciales en Port Vila, Isangel, en Tanna, Lakatoro, en Malekula, y Luganville, en Santo. En las fuentes consultadas no se identificó una tarifa nacional uniforme ni un plazo general de tramitación de casos. El Código Penal abarca delitos sexuales, violencia, homicidio e intención de matar, daños involuntarios, robo y recepción de bienes robados, robo con violencia y extorsión, incendio provocado, falsificación, amenazas, difamación penal y delitos relacionados con la autoridad pública. La Ley de Protección Familiar establece un régimen penal especializado para la violencia doméstica. Entre los delitos viales figura conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, según el artículo 16 de la Ley de Control del Tráfico Vial [Cap 29]. Causar la muerte por conducción temeraria conforme al artículo 12 puede acarrear una multa de hasta VT 500.000, hasta 5 años de prisión o ambas sanciones. Según los hechos, también pueden imputarse daños involuntarios con resultado de muerte conforme al artículo 108(c) del Código Penal. Conducir sin licencia puede influir en la evaluación del caso y de la pena. La Ley de Delitos Informáticos n.º 22 de 2021 abarca conductas como acceso ilegal, interceptación ilegal, interferencia no autorizada, uso indebido de dispositivos, delitos relacionados con datos informáticos, delitos de identidad, acoso cibernético, delitos sexuales contra menores, falsificación informática y fraude. También prevé órdenes de conservación, órdenes judiciales, pruebas electrónicas y cooperación internacional. La Ley de Comunicaciones Digitales Nocivas n.º 14 de 2024 y los artículos 114A, 120 y 121 del Código Penal pueden aplicarse a conductas amenazantes o difamatorias en línea. La VPF, CERT Vanuatu y el Departamento de Comunicaciones y Transformación Digital apoyan la respuesta digital. La adhesión de Vanuatu al Convenio de Budapest entró en vigor el 1 de octubre de 2025, y el Departamento de Comunicaciones y Transformación Digital actúa como punto de contacto disponible las 24 horas para la cooperación pertinente. Entre las sanciones posibles figuran prisión, multas, libertad vigilada, trabajo comunitario, supervisión, libertad condicional, indemnización o reparación, y decomiso o confiscación del producto e instrumentos del delito. El tribunal considera el cumplimiento de la pena en la comunidad cuando sea viable y compatible con la seguridad. El Departamento de Servicios Penitenciarios y el Servicio de Libertad Vigilada gestionan la custodia y la supervisión comunitaria. La Junta de Libertad Condicional Comunitaria decide sobre la libertad condicional; sus condiciones habituales incluyen presentarse ante un funcionario de libertad vigilada en un plazo de 72 horas, notificar el domicilio y participar en los programas requeridos. Un incumplimiento puede provocar cambios en las condiciones, cancelación o revocación. El marco consultado contempla un período mínimo de libertad condicional de 12 meses. El Servicio de Apoyo a las Víctimas de la OPP funciona desde el 19 de octubre de 2020. La Carta de Derechos de las Víctimas de la OPP contempla dignidad y respeto, actualizaciones sobre el caso, información sobre el proceso, derivación a servicios de orientación, condiciones de fianza protectoras, reserva de los datos del domicilio o contacto, privacidad, devolución de bienes y solicitudes de indemnización o reparación. La víctima puede presentar una declaración de impacto escrita u oral. Los testigos menores de 18 años y las víctimas de delitos sexuales pueden contar con medidas como la reserva de su nombre, una audiencia a puerta cerrada, una pantalla y una persona de apoyo. Las personas con discapacidad pueden disponer de intérpretes, transporte y apoyo médico o psicológico; el Centro de Mujeres de Vanuatu ofrece apoyo en los casos pertinentes. Según el material consultado de la OPP, todavía no se ha establecido un marco o modelo nacional amplio de protección de las víctimas. La responsabilidad penal comienza a los 10 años. No se puede procesar a un menor de 10 años; entre los 10 y los 14, se presume que el niño no comprende la naturaleza delictiva del acto, salvo que la fiscalía lo pruebe más allá de toda duda razonable. Según el material consultado, Vanuatu no cuenta con una ley integral separada de justicia juvenil. Una vía de 2013 basada en un memorando respalda la derivación policial mediante advertencias, amonestaciones, mediación y conferencias comunitarias. El sistema también utiliza una lista juvenil separada en el Tribunal de Magistrados de Port Vila, indica la edad del niño en el acta de acusación y proporciona una lista de abogados de la Oficina del Defensor Público para las comparecencias en custodia policial y ante los tribunales. La detención y el encarcelamiento deben utilizarse únicamente como último recurso y durante el período apropiado más breve, aunque el acceso y la calidad varían según la isla y los recursos. Para los delitos con pruebas o sospechosos fuera de Vanuatu, la Ley de Asistencia Mutua en Materia Penal de 2003 [Cap 285] y la Ley de Extradición de 2003 establecen mecanismos de cooperación. La OPP actúa como autoridad central para la asistencia mutua. Los procesos penales son distintos de las demandas civiles, aunque un tribunal penal puede ordenar una indemnización o reparación cuando la ley y el caso lo permitan.