Desempleo en Yibuti

La encuesta sobre población activa EDST 2025 fue la primera encuesta de este tipo con representatividad nacional en Yibuti. Registró una tasa de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación del 46,2 % entre las personas de 16 a 24 años. Esta categoría describe a quienes no tienen empleo ni participan en educación o formación. La inactividad alcanzó el 65,1 % fuera de la ciudad de Yibuti, frente al 47,4 % en la capital. El trabajo informal representó el 52,7 % del empleo, y cerca del 78 % de los puestos del sector privado eran informales. Una estimación modelizada del desempleo del 26,0 % para 2025, elaborada por el Banco Mundial y la OIT, utilizó otro método y no puede compararse directamente con el resultado de la EDST. El sistema de desempleo de Yibuti está fragmentado. El ministerio responsable de Trabajo, formalización y protección social, la ANEFIP, la Inspección de Trabajo, la CNSS, el MASS, la ADDS y el INSTAD cumplen funciones distintas. La ANEFIP ofrece información laboral, intermediación, orientación profesional, formación, reciclaje profesional, apoyo al emprendimiento y trabajo de interés público a través de oficinas municipales y regionales. Su Contrat d’Insertion Professionnelle ofrece prácticas de inmersión en empresas a 150 personas que buscan empleo, con especial atención a los jóvenes y la posibilidad de pasar a una contratación. No es una prestación en efectivo. No se han establecido de manera fiable las condiciones de inscripción, los plazos de tramitación ni las tasas que puedan cobrarse a solicitantes para todos los servicios de la ANEFIP. Hasta 2026 no se ha documentado un seguro general de desempleo, una prestación universal, un importe estándar, un método de cotización, un período de espera, la duración de pagos, una obligación de buscar trabajo ni un procedimiento de recurso. La CNSS cubre vejez, invalidez y supervivencia, enfermedad y maternidad, accidentes laborales y prestaciones familiares, pero no una rama general de desempleo. Por tanto, inscribirse en la ANEFIP no demuestra que se tenga derecho a ingresos periódicos por desempleo. Cuando el desempleo causa dificultades, las ayudas específicas pueden ser una alternativa funcional. La ADDS y el MASS recurren al registro social para ofrecer transferencias monetarias del PNSF sujetas a comprobación de recursos, alimentos o vales, asistencia sanitaria PASS y, en algunas zonas, trabajo comunitario temporal. El acceso depende de la pobreza o vulnerabilidad, de las normas del programa y de su cobertura geográfica, no solo de inscribirse como desempleado. Desde 2025, el PIRC combina transferencias específicas con oportunidades de ingresos y actividades económicas en Ali Addeh, Holl Holl, Obock y Dikhil, sobre todo para personas refugiadas y comunidades de acogida. Estos programas no crean una prestación universal por desempleo. Una suspensión temporal por motivos económicos o técnicos, llamada chômage technique, es distinta del desempleo ordinario. Conforme al artículo 41(18) del Código del Trabajo, el empleador debe notificarla por escrito a la Inspección de Trabajo. La suspensión puede durar hasta tres meses y renovarse una vez. En general, el artículo 42 excluye el pago de salarios por parte del empleador durante la suspensión. Al finalizar, el empleador debe reanudar la relación laboral o terminarla y notificarlo de inmediato a la autoridad competente. El despido económico también incluye garantías específicas. El empleador debe notificarlo previamente a la Inspección de Trabajo y respetar un plazo de al menos ocho días, o de 21 días si afecta a más de diez trabajadores. La decisión debe constar por escrito y el trabajador tiene prioridad de recontratación durante un año. Durante el preaviso, dispone de un día remunerado por semana para buscar trabajo. Debe comunicar los cambios de domicilio y regresar en un plazo de ocho días si se le ofrece una vacante conforme a la prioridad aplicable. Las agencias privadas de empleo pueden operar con autorización estatal, pero no pueden cobrar a las personas que buscan trabajo comisiones directas ni indirectas. El empleador asume el coste, con límites registrados de hasta el 10 % del salario neto mensual por contratación y el 15 % por colocación temporal. Antes de firmar o pagar, conviene comprobar quién cobra, qué servicio presta la agencia y si está autorizada.