Deudas en Yibuti

La deuda pública comprende las obligaciones del Gobierno y de las entidades públicas. El Ministerio de Presupuesto y sus Direcciones de Deuda Pública gestionan el endeudamiento soberano, las estadísticas de deuda, el servicio de la deuda y la estrategia de gestión de la deuda a medio plazo (SDMT). El Comité Nacional de Endeudamiento Público (Comité National d’Endettement Public; CNEP) revisa el plan anual de endeudamiento y supervisa la estrategia. El Decreto n.º 2026-108/PR/MEFI adopta la SDMT para 2026–2028, y el plan anual de endeudamiento se adjunta a la ley de finanzas. El Banco Central de Yibuti supervisa las entidades de crédito y mantiene la Central de Riesgos (Centrale des Risques), el Sistema de Información Crediticia (Système d’information sur le crédit) y el Registro de Garantías Mobiliarias (Registre de Sûretés Mobilières). La deuda pública externa y la deuda externa con garantía pública constituyen la principal exposición de deuda nacional. El informe citado sobre sostenibilidad de la deuda sitúa el saldo a finales de 2024 en torno al 68,9 % del PIB, en su mayor parte externo. Los préstamos y las garantías de las empresas estatales generan un importante riesgo de pasivos contingentes; una evaluación del FMI de 2024 informó que las empresas estatales representaban cerca del 80 % del endeudamiento externo desde 2013. Entre los principales acreedores figuran Exim Bank China, Exim Bank India y prestamistas multilaterales. Los riesgos cambiarios, de exportación, refinanciación y empresas públicas pueden afectar la capacidad de reembolso. Los informes citados sitúan los atrasos externos en torno al 3 % del PIB a finales de 2024 y al 2,7 % en marzo de 2025. En 2023 se acordó una moratoria de cuatro años con Exim Bank China. Estas cifras corresponden a las fechas de los informes. Una evaluación del FMI de 2025 describió la deuda como insostenible y señaló como prioridades políticas la consolidación fiscal, una gobernanza y transparencia más sólidas de las empresas estatales, la reconstrucción de reservas y la sostenibilidad de la deuda. Los hogares y las pequeñas empresas pueden recurrir a bancos comerciales, bancos islámicos, instituciones de microfinanzas, canales CPEC y FDED, mecanismos de garantía de crédito y financiación para vivienda o hipotecas. Los prestamistas suelen evaluar la identidad, los ingresos o el flujo de caja, la capacidad de reembolso, las garantías reales o personales y sus propias políticas. Los intereses o beneficios, las comisiones por servicios y originación, la moneda, el vencimiento, los periodos de gracia, las garantías y los bienes dados en garantía varían según el contrato o programa. Los productos de financiación islámica pueden utilizar modalidades como Mourabaha, Moudharaba, Moucharaka, Ijara, Istisna’a o Bai Salam. El acceso sigue siendo limitado para algunas personas prestatarias de bajos ingresos, de zonas rurales, mujeres y jóvenes. Los préstamos familiares, el ahorro comunitario, los préstamos grupales sin intereses y el crédito de comercios o proveedores cubren algunas carencias, pero su fuerza jurídica y el nivel de protección varían. Los servicios de pago móviles o electrónicos no extinguen por sí mismos una deuda. La persona deudora debe conservar un registro escrito del principal, los intereses o beneficios, las comisiones, la moneda, el vencimiento, el periodo de gracia, las garantías, la persona avalista, las cláusulas contractuales y las condiciones de incumplimiento. Los recibos, mensajes y acuerdos firmados ayudan a demostrar los pagos y los cambios acordados. Si se prevén dificultades de pago, contactar con el acreedor antes de incumplir un plazo puede permitir solicitar una reprogramación, una ampliación del vencimiento, un periodo de gracia, pagos a plazos o un acuerdo negociado. Un saldo actualizado y una modificación firmada constituyen pruebas más sólidas que una promesa informal. Se espera que la persona prestataria facilite información veraz, cumpla el contrato, proteja los bienes dados en garantía, conserve los comprobantes de pago e informe pronto de las dificultades. El cobro y la ejecución dependen del instrumento, la garantía y el procedimiento jurídico aplicable; el impago no implica automáticamente una retención salarial, la recuperación de los bienes ni responsabilidad penal. En el caso de una empresa con dificultades graves, la secuencia práctica puede incluir una negociación temprana con los acreedores, la mediación cuando esté disponible y los procedimientos OHADA. La Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) establece normas sobre procedimientos simplificados de cobro de créditos, ejecución, garantías reales y procedimientos colectivos. Los casos comerciales y profesionales pueden acogerse a procedimientos preventivos, a la reorganización judicial (redressement judiciaire) o a la liquidación. La empresa debe conservar las cuentas, las listas de acreedores, los registros de activos y pasivos, los archivos fiscales y las nóminas. El acceso, los plazos, la intervención judicial, los honorarios de la administración y los costes jurídicos dependen del caso y requieren asesoramiento local. No se ha establecido que exista en Yibuti un sistema universal de insolvencia personal para consumidores o de condonación de deudas, ni un organismo nacional único de asesoramiento sobre deudas. El apoyo disponible puede proceder, en cambio, del prestamista, una institución de microfinanzas o CPEC, asesoría jurídica, los tribunales de Yibuti o un procedimiento OHADA. Las alternativas formales o informales pueden reducir las barreras de acceso, pero no eliminan la obligación de reembolso.