Deudas en Zambia

Los acuerdos de deuda zambianos están fragmentados; no existe un sistema nacional único de asesoramiento o alivio de la deuda de los hogares. Un prestatario puede tratar con un banco comercial, una institución financiera que acepta depósitos, una institución de microfinanzas que presta a consumidores, una empresa de leasing o financiación, un prestamista informal, un familiar, un grupo de ahorro, un banco de aldea, una SACCO o un prestamista vinculado al empleador. Los derechos y riesgos aplicables dependen del proveedor, el contrato, si el préstamo está garantizado y si el prestatario es una persona particular o una empresa. Según el Informe del Sector Financiero 2024 del Banco de Zambia, el país tenía 15 bancos comerciales, 10 instituciones financieras que aceptaban depósitos, 23 instituciones de microfinanzas de crédito al consumidor, 5 instituciones de leasing o financiación y 1 agencia de información crediticia. Una agencia de información crediticia (CRB) recopila y proporciona información sobre el historial crediticio que se utiliza en las decisiones de préstamo. FinScope Zambia 2020 encontró que el 21,8 % de las personas adultas había pedido prestado durante los 12 meses anteriores, que el 62,9 % de las fuentes de préstamos eran familiares o amigos y que el acceso al crédito informal era del 17,8 %. Kaloba, Chilimba, los grupos de ahorro, los bancos de aldea y las SACCO siguen siendo relevantes localmente. La investigación identificó estos datos de demanda de préstamos como los más recientes disponibles para Zambia; no establecen la prevalencia en 2026. Solo el 6,4 % de las personas adultas de la encuesta de 2020 sabía de la existencia de la agencia de información crediticia. El crédito formal suele incluir la identificación del cliente, comprobaciones de ingresos y asequibilidad y el uso del historial crediticio. El Banco de Zambia exige que los prestamistas regulados utilicen información de agencias de crédito y cumplan los requisitos sobre la proporción del servicio de deuda y la asequibilidad. Antes del compromiso del prestatario, una declaración de información clave, conocida como KFS, debe especificar el tipo de interés, el plazo del préstamo, las comisiones de apertura y de seguro, el interés total y el importe total a reembolsar. Conviene comparar el reembolso total, no solo la cuota anunciada. Los proveedores de crédito en línea sin licencia representan riesgos más altos de cargos excesivos, uso indebido de datos personales y cobros abusivos; puede que no esté disponible el procedimiento ordinario de reclamación reglamentado. Los préstamos digitales y vinculados a la nómina han creado una presión importante sobre el reembolso de los hogares. El Informe del Sector Financiero de abril de 2026 del Banco de Zambia registró una tasa de morosidad del 18,8 % en el crédito digital durante el cuarto trimestre de 2025. La morosidad de los préstamos a empleados del sector público llegó al 16,2 %, por encima del umbral prudencial del 10 %. Entre las causas indicadas estaban los préstamos múltiples, los intentos de eludir los límites del servicio de la deuda, la información incompleta sobre clientes y los fallos de los sistemas de cobro. Pedir un préstamo nuevo para pagar uno existente puede aumentar el coste total y ocultar la falta de viabilidad del plan de pagos. Los préstamos informales pueden basarse en normas grupales, relaciones personales o acuerdos privados, en vez de en la información y los procedimientos de reclamación de un prestamista regulado. La ejecución depende de la redacción del acuerdo, las pruebas disponibles y la condición legal del acuerdo. Conserva registros del importe recibido, el saldo principal, los intereses, las comisiones, las fechas de las cuotas, los pagos, los mensajes y las garantías entregadas. Puede ser difícil demostrar un acuerdo verbal si las partes discrepan. Las garantías de deudas pueden incluir bienes muebles como vehículos, equipos, existencias, cultivos, ganado, cuentas por cobrar o cuentas bancarias. El Registro de Garantías sobre Bienes Muebles (MPRS), administrado a través de PACRA, registra declaraciones de financiación y permite consultas. Por lo general, el registro establece la prioridad según la fecha de inscripción o la regla de primero en registrar. Un acreedor garantizado puede emitir una notificación de ejecución y, si se cumplen las condiciones legales, recurrir a la ejecución extrajudicial o por cuenta propia, o a un procedimiento judicial acelerado. Pueden aplicarse derechos de rescate y restitución, y las garantías canceladas deben registrarse en consecuencia. Se accede electrónicamente al MPRS, las 24 horas, pero las tasas vigentes se deben comprobar en el cuadro de tarifas aplicable. Si no se paga una cuota, el prestamista puede aplicar cargos contractuales, comunicar información a la agencia de crédito e iniciar el cobro. Contactar pronto con el prestamista puede permitir una reestructuración o liquidación documentada a nivel del prestamista, aunque no se identificó un plan nacional general de ajuste de la deuda de los hogares. Solicita un extracto actualizado y comprueba si hay errores en el contrato, la KFS, el historial de pagos o la información de crédito. En el caso de un proveedor regulado de servicios financieros, reclama primero ante el proveedor y, si la respuesta es inadecuada, ante el Banco de Zambia. La Comisión de Competencia y Protección del Consumidor también puede atender una reclamación de conducta de mercado o del consumidor. Una reclamación puede remitirse al Tribunal de Menor Cuantía o a un tribunal ordinario, seguida de la ejecución de la sentencia. Por lo general, el simple incumplimiento del pago de una deuda no lleva a prisión conforme a la Ley de Deudores, aunque existen excepciones legales. Una persona particular puede acogerse a la Ley de Quiebras de 1967 mediante una solicitud del deudor o del acreedor. El proceso puede implicar una orden de administración provisional, al Receptor Oficial, la administración del patrimonio y una posible exoneración. Los costes judiciales y de insolvencia, la duración y las consecuencias dependen del caso. Las empresas se rigen por un marco diferente. La Ley de Insolvencia Empresarial 9/2017 establece mecanismos como el rescate empresarial, los planes o acuerdos, la administración judicial y la liquidación. Se exigen las correspondientes presentaciones ante PACRA en un plazo de 14 días para los nombramientos pertinentes. La empresa debe evaluar las opciones de rescate y reestructuración antes de perder activos o registros, pues los acreedores garantizados, empleados, reclamaciones tributarias y demás acreedores pueden tener derechos y prioridades distintos. La deuda pública corresponde a las obligaciones del Estado zambiano y no sustituye los recursos de un prestatario particular. Zambia incumplió su deuda en 2020, se incorporó al Marco Común del G20 en 2021 y completó un canje de bonos euro el 11 de junio de 2024. Los informes del FMI de 2026 describieron la deuda externa pública como reestructurada en gran medida y la sostenibilidad de la deuda como mejorada, aunque persistían presiones fiscales y un riesgo de dificultades residuales. A finales de 2025, se notificó una deuda externa pública y con garantía pública de USD 17.510 millones, equivalente al 60,9 % del PIB; la deuda del gobierno central representaba USD 16.140 millones, o el 92,2 %. La composición de acreedores era aproximadamente un 33,8 % comercial, un 33,7 % multilateral, un 26,8 % bilateral y un 5,7 % plurilateral. Estas son cifras macroeconómicas y no cancelan los préstamos de hogares o empresas. La Ley de Gestión de la Deuda Pública 15/2022 está en vigor y establece una Oficina de Gestión de la Deuda, un Plan Anual de Endeudamiento, la aprobación de la Asamblea Nacional, fondos de amortización y garantías públicas. El 14 de septiembre de 2026, se indicaba que la Ley de Servicios Bancarios y Financieros 9/2026 aún no había entrado en vigor, por lo que la práctica bancaria operativa seguía basándose entonces en la Ley de Servicios Bancarios y Financieros 7/2017 y el marco de prestamistas. Antes de basarse en una nueva disposición legal, comprueba su entrada en vigor y las tarifas actuales. Los intereses, las comisiones, los seguros, el reembolso total, las tasas judiciales, las tasas de PACRA y los cargos del MPRS varían según el contrato, el procedimiento y la tarifa vigente.