Benín tiene una población muy joven: según el informe anual de UNICEF de 2024, alrededor del 55 % de sus 12,9 millones de habitantes son niños y el 24 % son adolescentes; según las estimaciones de UNFPA para 2026, aproximadamente el 3 % tiene 65 años o más. Por ello, el registro de nacimientos, la escolarización, la protección infantil y la transición al empleo tienen especial importancia práctica. Los términos adolescencia y jeunesse se utilizan de distinta manera según el programa; la OIT suele definir como jóvenes a las personas de 15 a 30 años. Según la interpretación vigente, la mayoría de edad civil se alcanza a los 18 años. El nacimiento debe notificarse en un plazo de 21 días en el lugar donde ocurrió. Pueden ayudar con la notificación el padre, la madre, familiares, personal médico, una matrona, una partera tradicional, un jefe de aldea o un testigo del nacimiento. El acta de nacimiento (acte de naissance) es legalmente gratuita; la inscripción tardía puede generar gastos judiciales y de tramitación. El registro del nacimiento facilita posteriormente la expedición del número de identificación personal (NPI), la tarjeta nacional de identidad (CIP), el pasaporte y el acceso a la escuela, el derecho al voto y el registro matrimonial. Entre el 20 de agosto de 2025 y febrero de 2026 se llevó a cabo un proyecto piloto del servicio de ventanilla única de registro y declaración de nacimientos (Guichet unique d'enregistrement et de déclaration des naissances) en diez centros públicos de salud. Durante el piloto, el NPI se expedía automáticamente por SMS; el acta de nacimiento podía solicitarse en línea a través de ANIP o recogerse en la Commune. Se anunció la ampliación a escala nacional, pero no se ha documentado una cobertura completa. El acceso a la educación sigue siendo desigual. Menos de uno de cada cinco niños asiste a la educación preescolar, alrededor de un tercio no está escolarizado y aproximadamente el 65 % termina la educación primaria. Solo cerca de una cuarta parte alcanza las competencias mínimas previstas; la asistencia neta ronda el 30 % en el primer ciclo de secundaria y el 12 % en el segundo. La alfabetización juvenil de las personas de 15 a 24 años se sitúa en torno al 61 %. La distancia, la pobreza, los costes directos y los ingresos a los que se renuncia, la calidad del aprendizaje, las normas de género, la higiene menstrual, el matrimonio y el embarazo afectan a la asistencia escolar. Está previsto que las escuelas públicas secundarias generales y técnicas y profesionales sean gratuitas para todas las niñas desde el curso 2026/27. En las demás modalidades educativas, los costes y el acceso dependen del centro, el programa y la ubicación. También existen alternativas para menores no escolarizados, nómadas y desplazados. El Code de l'enfant protege a las personas menores de 18 años. Puede haber asistencia formal a través de centros únicos de servicios sociales (GUPS), direcciones departamentales de acción social (DDASM) y otros servicios sociales, escuelas y comités escolares, la policía y el sistema judicial o la inspección de trabajo. Los enlaces comunitarios, los comités de seguimiento, las familias y las familias de acogida ofrecen otras vías de apoyo no formal o informal. Entre los riesgos figuran la violencia, los abusos, la trata, la mendicidad, el trabajo doméstico, el trabajo en la agricultura, la minería y la construcción, así como la acogida de un menor fuera de su familia de nacimiento (vidomègon). En 2022, el 19,9 % de las personas de 5 a 17 años trabajaba; el trabajo peligroso sigue siendo relevante en algunas zonas. En general, el empleo solo se permite a partir de los 14 años; para los menores de 18 están prohibidos la venta y el comercio, la explotación sexual, la pornografía, las actividades ilegales y otras peores formas de trabajo infantil. La transición de la escuela al trabajo suele pasar por el empleo informal, la agricultura, el comercio, el transporte, los oficios o el trabajo por cuenta propia. Otras vías son el aprendizaje profesional (apprentissage), la educación técnica y profesional y los programas de protección social. ARCH se dirige a trabajadores pobres o vulnerables y a personas desempleadas de la agricultura, el comercio, el transporte, los oficios y las artes y la cultura. La inscripción y la tarjeta biométrica son el punto de partida; según el programa, pueden seguir ARCH-Formation, ARCH-Credit o una actividad generadora de ingresos. Las fuentes consultadas no documentan una prestación general por desempleo. El acceso, las contribuciones, los plazos y la disponibilidad local dependen del programa concreto. El matrimonio se registra en la Commune ante el funcionario del registro civil (officier d'état civil); en general, la edad mínima es de 18 años para ambos sexos. El matrimonio y la maternidad o paternidad solo son pertinentes aquí cuando pueden provocar el abandono escolar, un embarazo precoz, pobreza o necesidades adicionales de protección. Según MICS 2021-22, el 27,5 % de las niñas se había casado antes de cumplir 18 años; el riesgo es especialmente alto en el norte. Programas como Faaba Cash+Care apoyan a niñas de 9 a 15 años en Atacora, Donga, Borgou y Alibori mediante pagos periódicos, mentoría y actividades comunitarias de protección. PNAEBEFB se dirige a niñas no escolarizadas o vulnerables y combina habilidades para la vida, información sobre protección, transición de la escuela al trabajo y apoyo económico. La participación depende de la edad, la escolarización y el programa; no se ha documentado un importe de transferencia aplicable con carácter general. En el sistema formal de pensiones, las personas empleadas en el sector privado reciben una pensión de jubilación a través de la CNSS (Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS)) a partir de los 60 años, si acreditan al menos 180 meses efectivos de cotización y dejan el empleo remunerado. Es posible jubilarse anticipadamente hasta cinco años antes; la prestación se reduce un 5 % por cada año de adelanto. Quienes tengan al menos 12 meses, pero menos de 180, de cotización pueden recibir una prestación única de vejez (allocation vieillesse) a partir de los 60 años. En la función pública, la edad de jubilación suele ser de 60 años; la jubilación anticipada a partir de los 55 se rige por la normativa aplicable. En el sector informal se está creando un seguro de pensiones mediante ARCH, pero la breve información disponible no permite determinar las cotizaciones individuales, los derechos ni una fecha general de inicio. El apoyo a las personas mayores incluye visitas a domicilio, apoyo psicosocial, suministros para cuidados, medidas sociales o generadoras de ingresos, GUPS y centros CIEPA. Se han documentado centros CIEPA en Abomey-Calavi, Abomey y Tchaourou; la estrategia 2022-2026 preveía más centros, pero no se alcanzó plenamente este objetivo. No se ha documentado un seguro nacional uniforme de cuidados de larga duración, una prestación general de cuidados ni un servicio profesional integral de atención domiciliaria. Por lo común, la familia y la comunidad asumen la mayor parte de los cuidados, con apoyo complementario de servicios sociales, derivaciones sanitarias, asociaciones y las pocas instalaciones formales. Los costes, los tiempos de espera y los criterios de admisión varían según la institución y la ubicación. Las crisis alteran especialmente las trayectorias educativas, laborales y de protección en el norte de Benín, sobre todo en Alibori, Atacora, Donga y Borgou. En 2024, UNICEF estimó que unos 1,9 millones de niños afrontaban riesgos relacionados con crisis; también se registraron 33.238 personas desplazadas, entre ellas 19.732 refugiados o solicitantes de asilo y 13.506 desplazados internos. Había 8.219 niños entre ellas. Las inundaciones afectaron a 33.442 personas e interrumpieron la escolarización de 6.188 alumnos. A mediados de 2025, UNICEF informó de más de 50.547 personas desplazadas en el norte, más del 70 % de ellas mujeres y niños. Según la ubicación y la financiación, pueden ayudar el seguimiento de protección, el registro y los procedimientos de asilo con ACNUR y las autoridades, la educación alternativa, GUPS, los servicios sociales, los enlaces comunitarios y los servicios de protección ante desastres. En 2025, GBESSOKE se propuso llegar, entre otros colectivos, a 150.000 hogares en situación de pobreza extrema y 10.000 hogares afectados por inundaciones; se planificó ampliar GUPS de 85 a 120 oficinas. Estas ayudas dependen del periodo, el lugar y el grupo destinatario y no sustituyen un derecho uniforme para todas las personas.
Etapas de la vida en Benín
En Benín, las transiciones relacionadas con la edad, los roles y los acontecimientos vitales están condicionadas por el estado civil, la educación, el trabajo, el apoyo social y las pensiones. No existe un único sistema nacional; los servicios formales, la asistencia comunitaria y el apoyo familiar o de la comunidad coexisten. La infancia, la juventud, la educación, la protección, la transición al empleo y la respuesta a las crisis tienen especial importancia.
VivAVia puede cometer errores. Comprueba la información importante.