La convivencia en Corea del Norte

El inminban es una unidad vecinal local que suele abarcar entre 20 y 40 hogares. Sus dirigentes colaboran con las estructuras locales del Partido y los organismos de seguridad, organizan reuniones y movilizaciones, y apoyan inspecciones de hogares que pueden realizarse sin aviso o durante la noche. Los informes citados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describen redes de informantes y estiman que hay al menos un informante por cada 50 adultos. Los adultos suelen participar en la vida organizativa a través de un organismo estatal; según los informes, hay reuniones unas tres veces por semana, incluidas sesiones semanales de revisión de la vida que implican autocrítica y críticas a otras personas. La radio, los medios de comunicación y las comunicaciones también están sometidos al control estatal. El Estado suele asignar o dirigir estrechamente el lugar de residencia y el empleo. Los desplazamientos internos requieren autorización o están sujetos a un control estricto, y los viajes internacionales están muy restringidos. Los medios de comunicación extranjeros, las comunicaciones no autorizadas y cierto contenido digital pueden acarrear castigos severos. Las restricciones introducidas durante la COVID-19 reforzaron aún más el control sobre los desplazamientos y el contacto entre personas. Estas condiciones afectan las relaciones cotidianas, porque la privacidad, las decisiones del hogar y el contacto con personas ajenas a las estructuras aprobadas pueden conllevar riesgos de vigilancia o denuncia. El songbun es una clasificación social estatal vinculada a los antecedentes familiares, la lealtad percibida y la conducta. Puede afectar el acceso a la residencia, el trabajo, los alimentos, la educación y los servicios públicos. Las mujeres desempeñan un papel importante en los jangmadang, mercados que funcionan como espacios de intercambio importantes, pero los informes describen riesgos de detención arbitraria, extorsión y violencia sexual. La legislación norcoreana prohíbe la violencia doméstica y asigna a los Comités Populares locales responsabilidades de prevención. Apenas hay documentación sobre servicios de protección fiables, refugios seguros y recursos efectivos, mientras que informes independientes describen una brecha considerable entre las normas formales y la práctica cotidiana. Las personas con discapacidad, las que viven en zonas rurales o fronterizas, las clasificadas con un songbun más bajo y las personas religiosas pueden enfrentar barreras adicionales. Los informes presentados por Corea del Norte afirman que existe igualdad de trato y describen asociaciones de personas con discapacidad y canales de queja, pero la verificación independiente sigue siendo limitada. El sistema formal de quejas y peticiones es la vía reconocida por el Estado más clara para plantear un agravio. Según la Ley de Quejas y Peticiones, una queja puede presentarse oralmente o por escrito ante oficinas de ministerios, Comités Populares, empresas u organizaciones sociales. Se informa oficialmente que los días locales de resolución son el primero, el once y el veintiuno de cada mes, y que las sesiones provinciales se celebran aproximadamente una vez al mes. El resultado, la aplicación de las decisiones y la protección frente a represalias son inciertos. No se ha documentado de forma fiable ninguna institución independiente del defensor del pueblo ni un sistema neutral de mediación cívica, y no puede darse por sentado que las demandas colectivas reciban una revisión independiente y segura. La participación cívica suele canalizarse a través del Partido del Trabajo de Corea, la Unión de Mujeres Socialistas de Corea, la Liga de la Juventud, los sindicatos y la Unión de Trabajadores Agrícolas. La participación está vinculada al empleo y a estructuras organizativas basadas en la edad, y puede ser obligatoria en la práctica para muchas personas adultas. Las unidades inminban y otras organizaciones también pueden movilizar mano de obra no remunerada. No hay organizaciones de la sociedad civil, sindicatos ni medios independientes que funcionen como canales autónomos, y en la práctica se niega el derecho de reunión pacífica. Por ello, los actos políticos o culturales organizados por el Estado no cumplen la misma función que la participación pública independiente. Los mercados jangmadang ofrecen espacios semipúblicos para el intercambio y el contacto social, pero su acceso y funcionamiento pueden ser jurídicamente inciertos y variar según la localidad. Las mujeres que trabajan en estos mercados pueden estar particularmente expuestas a la corrupción, la detención y la violencia. Las reuniones públicas, la actividad religiosa, la asociación y el acceso a la información siguen bajo control. La población general no tiene acceso abierto a Internet global; se usan más ampliamente los servicios de intranet estatales y los teléfonos móviles son comunes. Las llamadas internacionales, los medios extranjeros y el contenido no autorizado en memorias USB son ilegales o están sujetos a sanciones severas, por lo que la comunicación digital forma parte del sistema de convivencia controlada y no constituye un espacio cívico abierto. La asignación y la calidad de la vivienda corresponden principalmente a la política de vivienda, pero también influyen en la convivencia mediante la residencia asignada, las inspecciones de hogares y las obligaciones familiares. No hay pruebas fiables de un sistema amplio y autónomo de vivienda compartida o covivienda. Los informes norcoreanos describen objetivos de construcción de viviendas, entre ellos 50.000 apartamentos en Pionyang durante 2021–2025 y leyes de vivienda rural de 2021–2023, pero la verificación independiente de su aplicación y del acceso a las viviendas es limitada. Los informes oficiales norcoreanos describen derechos de igualdad, privacidad, reunión, religión y queja. Las conclusiones del ACNUDH, basadas en entrevistas con personas que escaparon del país, material de fuentes abiertas y documentos de las Naciones Unidas y de órganos creados en virtud de tratados, describen vigilancia, coacción, discriminación, restricciones a la circulación y limitaciones de la libertad de expresión, asociación y reunión. Durante largos periodos, el ACNUDH no ha tenido acceso regular al país, por lo que las cifras y prácticas locales pueden estar documentadas de forma fragmentaria. El patrón general de expansión del control está bien documentado, pero no así las tasas, los plazos de tramitación ni los recursos previsibles. La participación en los mercados y los desplazamientos pueden implicar costes variables de dinero y tiempo, además de riesgos de soborno, detención o violencia.