Medios de comunicación en Guinea Ecuatorial

El sistema formal de medios comprende medios estatales, privados y digitales, pero el pluralismo efectivo es muy limitado. El Ministerio de Información, Prensa y Cultura, abreviado MIPC, supervisa los principales servicios públicos de radiodifusión. La Dirección General responsable de la televisión, la radio y la prensa escrita también tiene competencias en el sector. ORTEL regula las telecomunicaciones, no el propio sector de los medios. ANCIC, el ministerio responsable de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, la Fiscalía y los tribunales intervienen en la aplicación de normas y los procedimientos relacionados con delitos informáticos. La cadena pública nacional RTVGE domina las noticias de televisión y radio. Su servicio de televisión se denomina habitualmente TVGE y su servicio de radio, RNGE. Asonga opera un canal de televisión privado, aunque su propiedad está estrechamente vinculada al liderazgo estatal. Por ello, las noticias de actualidad suelen obtenerse a través de RTVGE o Asonga. El plan del MIPC de 2025 menciona nuevos servicios de TVGE en Bata, emisoras rurales, ampliación de la fibra óptica, reparaciones y formación en tecnología y periodismo, pero no se ha confirmado su plena ejecución. La prensa escrita opera conforme a la Ley 6/1997 de Prensa, Imprenta y Medios Audiovisuales, que sigue figurando como aplicable. Existe un portal web estatal y están presentes medios como Ébano y Potopoto, junto con publicaciones como Ahora EG, Real Guinea Ecuatorial, Mechap y Mofueñ. La actividad de la prensa independiente o privada es esporádica. El derecho de acceso a la información del Estado está reconocido legalmente, pero en la práctica puede resultar difícil. Entre las restricciones notificadas figuran la censura previa, la autocensura, el despido, las limitaciones de acceso, las amenazas y la detención arbitraria. También se ha informado de que se denegó la entrada a periodistas extranjeros. Los medios independientes en línea pueden ofrecer alternativas parciales fuera del control estatal directo. El streaming y el acceso digital dependen en gran medida de la conectividad. RTVGE y TVGE ofrecen acceso web en directo, RNGE opera en línea desde el 13 de febrero de 2025 y TVGE ofrece vídeo a la carta gratuito. Canal+ y DStv son alternativas de televisión de pago. Según los datos cartográficos disponibles de la UNESCO de 2019, la banda ancha fija llegaba solo a alrededor del 1,9 % de los hogares, por lo que el internet móvil es el principal medio de acceso. No se han establecido de forma fiable los precios y la disponibilidad actuales de los servicios de streaming OTT, y el coste de los datos depende del proveedor, el dispositivo y el paquete. Las estimaciones de enero de 2025 registraron unos 1,16 millones de usuarios de internet, equivalentes al 60,4 % de la población, y alrededor de 872.000 conexiones móviles, equivalentes al 45,5 %. Se registraron unas 150.000 identidades en redes sociales, equivalentes al 7,8 %; esta cifra no representa necesariamente el número de personas únicas. Las redes sociales facilitan el acceso a noticias, la participación pública y las voces de fuera del país, pero las publicaciones también pueden conllevar riesgos de vigilancia y sanciones. La Constitución reconoce la libertad de opinión y expresión y el secreto de las comunicaciones. La Ley 7/2024 sobre redes sociales y ciberdelincuencia exige una comunicación veraz y prohíbe la suplantación de identidad, las amenazas, los discursos de odio, las noticias falsas y las descargas que infringen los derechos de autor. Un tribunal puede ordenar una rectificación. Según la conducta y sus consecuencias, los delitos de noticias falsas pueden acarrear entre dos y cuatro años de prisión y una multa de entre 5 y 50 millones de francos CFA. Las noticias falsas que causen daño reputacional pueden conllevar entre tres y seis años y la misma horquilla de multas. Los casos relacionados con odio, violencia o peligro para el Estado o la salud pública pueden castigarse con entre diez y veinticinco años de prisión y multas de 100 a 500 millones de francos CFA. Por lo general, la conservación e interceptación de datos requieren una orden judicial. El uso de medios por parte de menores está regulado por la Ley 7/2024. Un menor de 14 años necesita el consentimiento de su progenitor o tutor para acceder a las redes sociales. Publicar datos o aportaciones de un menor exige consentimiento expreso, y también se requiere consentimiento para usar imágenes o vídeos de otras personas. La educación sobre medios y seguridad es obligatoria en la educación primaria, secundaria, profesional y superior. Los organismos públicos, las escuelas, las familias, las plataformas y los proveedores de internet tienen obligaciones relacionadas con la protección o la sensibilización. La pornografía infantil y otros delitos informáticos son delitos penales. Se puede acceder a información a través de RTVGE, RNGE, Asonga, las redes sociales, las revistas digitales y los servicios extranjeros por satélite o cable. La ley prevé una línea de información y un canal de denuncia en línea a través del ministerio de telecomunicaciones; las denuncias penales se presentan ante las autoridades competentes. El bloqueo de plataformas debe incluir una notificación y la posibilidad de impugnar la medida. No se ha confirmado de forma fiable la existencia de un organismo independiente para las reclamaciones sobre los medios. El vídeo a la carta de TVGE es gratuito, mientras que la televisión de pago y los datos móviles tienen costes que dependen del proveedor. La ley entró en vigor 90 días después de su publicación en el boletín oficial. No se han establecido tarifas ni plazos estándar fiables para crear una empresa de medios, obtener una acreditación o conseguir una licencia local de radiodifusión.