Derecho penal en Moldova

El derecho penal de Moldova se aplica en todo el país y se basa principalmente en el Código Penal (Codul penal, CP) y el Código de Procedimiento Penal (Codul de procedură penală, CPP). Se rige por la legalidad, los requisitos constitucionales y de derechos humanos y la responsabilidad personal. Por regla general, la responsabilidad penal exige intención o negligencia. El CP también regula la preparación y tentativa, la participación de varias personas, la reincidencia y la concurrencia de varios delitos. Los delitos se clasifican desde ușoară y mai puțin gravă hasta gravă, deosebit de gravă y excepțional de gravă. Las personas físicas suelen ser penalmente responsables desde los 16 años; entre los 14 y los 16, solo lo son por los delitos enumerados en la ley. Las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente por incumplimientos ilícitos de deberes o prohibiciones, con excepción de las autoridades públicas. El CP abarca delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la autonomía sexual, la propiedad, las relaciones familiares, la seguridad pública, la seguridad vial, los sistemas informáticos y las comunicaciones electrónicas. También incluye la trata, la corrupción y delitos relacionados con cargos públicos. Las infracciones de tráfico ordinarias siguen siendo contravenciones, no delitos. Por ejemplo, la infracción de normas de tráfico o seguridad de vehículos por un conductor que cause por negligencia lesiones corporales de gravedad media puede encajar en el artículo 264 del CP. Puede conllevar una multa de hasta 650 unidades convencionales, entre 180 y 240 horas de trabajo comunitario no remunerado o hasta tres años de prisión; también puede imponerse una prohibición de conducir de hasta dos años. Las lesiones más graves o la muerte pueden dar lugar a responsabilidad penal agravada. Una denuncia o reclamación ante la Policía (Poliția) o la Fiscalía (Procuratura) puede iniciar el procedimiento. Tras su registro, urmărire penală significa investigación penal. La Fiscalía dirige o supervisa legalmente la investigación y puede ejercer la acusación; la Policía y su Inspección Nacional de Investigaciones (Inspectoratul Național de Investigații) realizan tareas de investigación. Según el caso, pueden intervenir el CNA, el PCCOCS o el CTCEJ, organismos especializados. Los investigadores pueden utilizar declaraciones, documentos, registros, incautaciones, peritajes, pruebas digitales y medidas especiales de investigación; la ley exige autorización judicial en los casos correspondientes. El sospechoso o acusado tiene derecho a guardar silencio, no autoincriminarse, contar con abogado, recibir información escrita sobre la acusación, utilizar intérprete o traducción si lo necesita, impugnar pruebas y reclamar contra actuaciones de investigación. Un adulto puede permanecer detenido hasta 72 horas y un menor hasta 24; el acta de detención debe redactarse en un plazo de tres horas. La prisión preventiva inicial no puede superar 30 días y cada prórroga tampoco puede superar 30 días. Antes de una sentencia de primera instancia, la prisión preventiva acumulada se limita a 12 meses para adultos y 8 meses para menores. Deben priorizarse las medidas cautelares no privativas de libertad cuando basten para atender los riesgos, y las decisiones de prisión preventiva pueden impugnarse. Al concluir la investigación, el fiscal puede archivarla o enviar el caso a juicio. En general, el acusado, la defensa y la parte perjudicada pueden examinar el expediente antes del rechizitoriu, el documento que remite la acusación al tribunal. A continuación, el caso pasa por el tribunal de primera instancia y puede ser objeto de revisión ordinaria o apelación. Se aplica la presunción de inocencia. Las vistas suelen ser públicas, aunque el tribunal puede cerrarlas si la ley justifica proteger la intimidad, la seguridad u otros intereses protegidos. La asistencia penal internacional y la extradición utilizan vías que implican a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia. Las posibles sanciones incluyen multa, prohibición profesional o de actividad, retirada o anulación del permiso de conducir, pérdida de grados y títulos militares o especiales, trabajo comunitario no remunerado, prisión y cadena perpetua. Los tribunales también pueden ordenar decomiso y otras medidas especiales, suspensión condicional o libertad condicional, incluida la sustitución de parte de una pena pendiente cuando la ley lo permita. Las personas jurídicas pueden recibir principalmente multas, restricciones de actividad o disolución. La Agencia Nacional de Penitenciarías ejecuta las medidas de privación de libertad; la Inspección Nacional de Probación supervisa la libertad vigilada, las alternativas a la detención y la reinserción antes o después de la pena. Los costes y plazos dependen del caso: Moldova no tiene una tarifa ni un plazo penal universal que cubra todos los procedimientos. La persona perjudicada puede obtener la condición de parte lesionada (parte vătămată) mediante resolución motivada una vez acreditado el daño. Una víctima menor recibe esa condición automáticamente, sin necesidad de consentimiento. La víctima puede recibir información sobre la acusación, declarar, presentar documentos y pruebas, pedir recusaciones, examinar el expediente tras la investigación, presentar una demanda civil de indemnización e impugnar decisiones pertinentes. Conforme al CPP y a la Ley n.º 105/2008, la protección puede incluir protección de identidad, una declaración segura, una vista a puerta cerrada o videoconferencia, especialmente si existe riesgo para la vida, la integridad física, la libertad o los bienes en casos graves, especialmente graves o de gravedad excepcional. La Fiscalía puede proporcionar protección a víctimas y testigos. La asistencia jurídica estatal a través del CNAJGS puede estar disponible para víctimas vulnerables o contempladas por la ley, incluidas víctimas de delitos graves contra las personas, tortura, violencia sexual, violencia familiar o trata. La asistencia gratuita general y parcial depende de los requisitos; el acceso parcial puede estar disponible si los ingresos no superan en más del 30% el salario mínimo nacional. La justicia juvenil se aplica a las personas menores de 18 años. En ciertas circunstancias, un menor que comete por primera vez un delito ușoară o mai puțin gravă puede quedar exento de responsabilidad penal cuando sea posible corregir su conducta sin imponer una pena. Las medidas educativas pueden incluir advertencia, supervisión parental o estatal, reparación del daño, rehabilitación psicológica, educación obligatoria, un programa de probación o cualificación profesional. Las víctimas y testigos menores deben ser entrevistados en salas adaptadas a su edad, con grabación de audio o vídeo, sistemas de observación separados y medidas contra la traumatización repetida. Las investigaciones por delitos informáticos —acceso, interceptación, interferencia en datos o sistemas, herramientas o datos de acceso ilícitos, falsificación informática y fraude informático— pueden recurrir a pruebas digitales, rastreo financiero, análisis de criptoactivos o cadenas de bloques y cooperación internacional. Pueden participar la INI o CTCEJ, la Fiscalía y, cuando corresponda, el CNA o PCCOCS. Un acuerdo informal no puede sustituir el enjuiciamiento de delitos públicos, salvo que se aplique una regla legal de archivo o conciliación.