Protección de los consumidores en Mónaco

Mónaco se rige principalmente por el Código Civil y leyes especiales. Según las fuentes locales disponibles, no se ha establecido un sistema general de conformidad equivalente al de la UE. En el caso de vicios ocultos en bienes muebles, el comprador suele poder pedir la devolución del dinero y devolver el bien, o conservarlo con una rebaja del precio. Si el vendedor ocultó el defecto a sabiendas, también puede tener que indemnizar los daños. Por lo general, la reclamación relativa a un bien mueble debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento del defecto, y las condiciones contractuales no pueden excluir válidamente estos derechos del consumidor. Las compras por internet se rigen, en particular, por la Ley n.º 1.383, de 2 de agosto de 2011. Un contrato a distancia es un contrato organizado electrónicamente y celebrado sin que las partes se reúnan en persona. Antes del pedido, el proveedor debe facilitar su identidad, la información contractual, las garantías comerciales y las condiciones del servicio posventa. El precio total, el método para corregir el pedido y la confirmación electrónica deben ser claros. Un soporte duradero es un formato, como papel o un archivo, que permite al consumidor guardar y reproducir la información sin cambios. Por lo general, los bienes deben entregarse en un plazo de 30 días. Si no están disponibles, el proveedor debe ofrecer la cancelación y el reembolso dentro del plazo aplicable de 30 días, incluido el incremento legal de la mitad si el reembolso se retrasa, o proponer un producto equivalente. El plazo de desistimiento suele ser de siete días naturales completos. Para los bienes, se cuenta desde la recepción; para los servicios, desde la aceptación de la oferta. El desistimiento debe enviarse por escrito o en un soporte duradero. El consumidor puede tener que pagar los costes directos de devolución y cumplir las condiciones de devolución aplicables, incluido el embalaje original cuando se exija. Si el proveedor no facilitó la información previa obligatoria, el plazo puede ampliarse a tres meses. El crédito vinculado se extingue sin penalización cuando se desiste del contrato subyacente. El proveedor no puede exigir el pago de bienes no solicitados. La publicidad directa por correo electrónico y automatizada suele requerir consentimiento previo o un mecanismo válido para oponerse. Las plataformas que facilitan contratos entre profesionales y consumidores deben ofrecer un área segura de información conforme a las normas aplicables a las plataformas, incluida la Enmienda n.º 2022-40. Los servicios financieros están excluidos del título pertinente sobre comercio electrónico y se rigen por sus propias normas. No hay constancia confirmada de un defensor general del consumidor ni de una oficina central de protección al consumidor en Mónaco. Empiece con una reclamación escrita al proveedor y conserve el contrato, la factura, el justificante de pago, los mensajes, las fotografías y las pruebas de entrega. La DDE, la Division du Contrôle de l’Activité des Entreprises, puede intervenir en cuestiones de conducta empresarial y cumplimiento. Las reclamaciones financieras pueden dirigirse a la CCAF, la Commission de Contrôle des Activités Financières, independiente, cuando la empresa esté supervisada por ella. Antes de invertir, consulte el registro de la CCAF y las actividades autorizadas de la empresa. La CCAF puede examinar infracciones normativas, pero no media en todas las disputas privadas de pago. La supervisión bancaria de la ACPR francesa no debe confundirse con la supervisión de la CCAF. Las cuestiones relacionadas con alimentos y productos sanitarios pueden dirigirse a los servicios competentes de sanidad y seguridad alimentaria. Los productos peligrosos no deben permanecer en el mercado; los proveedores deben retirarlos o recuperarlos e informar a los consumidores a los que puedan localizar. El etiquetado debe ser claro y no engañoso, y las declaraciones sobre salud o prevención deben estar debidamente fundamentadas. Los complementos alimenticios tienen requisitos adicionales de seguridad y etiquetado. Los controles de farmacia, incluida la vigilancia farmacéutica y de productos sanitarios, se rigen por la Ley n.º 1.518. Las consultas sobre la calidad del producto o el reembolso pueden corresponder al organismo sanitario o asegurador competente y no a una oficina general de consumo. En electricidad y gas, SMEG es la empresa concesionaria de distribución y suministro. Conforme al convenio entre Mónaco y Francia, los clientes finales se benefician de tarifas francesas reguladas para el usuario final, incluidos los cargos aplicables. Un contrato de suministro no termina automáticamente cuando finaliza un arrendamiento o se vende una propiedad. Las reclamaciones sobre facturación, contratos y servicio pueden enviarse a commercial@smeg.mc o al +377 92 05 66 44; para emergencias, se utiliza el +377 92 05 05 05. No se ha establecido un canal central de mediación de consumo para disputas privadas con SMEG. Las disputas de viaje requieren examinar el carácter transfronterizo del contrato y la legislación aplicable. El derecho internacional privado de Mónaco prevé protecciones específicas para viajes combinados, circuitos y vacaciones combinadas, mientras que el transporte ordinario queda excluido de esa protección especial. No se ha confirmado un organismo local general de mediación para viajes combinados. Contacte primero con el organizador o la agencia y, después, evalúe qué tribunal u organismo sectorial extranjero es competente. Un consumidor residente en Mónaco puede interponer ante los tribunales monegascos una demanda derivada de un contrato de consumo pese a una cláusula de jurisdicción extranjera, con sujeción a las excepciones aplicables de derecho internacional privado, incluidas algunas situaciones de consumidor activo, normas relacionadas con la entrega y ciertos contratos de transporte. Ante una sospecha de fraude o de actividad de inversión no autorizada, detenga los pagos, conserve todas las pruebas y contacte con la Sûreté Publique o el Procureur Général. Antes de tratar con un anunciante financiero, compruebe las autorizaciones y advertencias de la CCAF. Un incidente cibernético también puede requerir la orientación monegasca en materia de ciberseguridad y los canales de AMSN. No se garantiza recuperar el dinero. Una disputa privada sobre dinero o cumplimiento puede requerir un abogado y el Tribunal de première instance. Los costes judiciales, de abogado y de peritos dependen del caso. Por lo general, las reclamaciones ante las autoridades son gratuitas, pero no suspenden automáticamente los plazos contractuales ni sustituyen una demanda judicial. El Haut Commissariat se ocupa principalmente de la administración pública, la discriminación y los derechos de la infancia; no es un foro general para contratos de consumo entre particulares y normalmente exige que primero se contacte con el organismo responsable.