Medios de comunicación en Paraguay

En Paraguay, ninguna institución se encarga de todas las funciones relacionadas con los medios. CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, regula la radiodifusión y las telecomunicaciones. MITIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, administra las iniciativas digitales públicas y las estructuras de medios estatales. DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, se ocupa del derecho de autor y los derechos conexos. MINNA, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y CODENI, la consejería municipal por los derechos de niños y adolescentes, participan en cuestiones de protección infantil. Las instituciones públicas también publican información conforme a las normas de acceso a la información pública establecidas por la Ley 5282/2014. Las principales formas de medios son la prensa escrita, la radio, la televisión, las noticias digitales, los medios estatales, las redes sociales, la mensajería instantánea y el streaming. El uso de internet está extendido, pero no es uniforme. La EPHC de 2025 registró el uso de internet por aproximadamente 4.428 millones de personas de 10 años o más, equivalente al 85.4%. La tasa fue del 88.2% en zonas urbanas y del 77.8% en zonas rurales. El acceso se realizaba principalmente mediante teléfonos móviles, utilizados por el 96.9% de los usuarios de internet; el 78.6% también accedía desde el hogar. El uso era más alto en Asunción, Central y Alto Paraná y menor en departamentos como San Pedro, Caazapá y Caaguazú. El 3 de agosto de 2026, MITIC informó que había 404 puntos públicos de Wi-Fi funcionando en todos los municipios. La disponibilidad de dispositivos, electricidad, datos móviles y conexión fija sigue afectando el acceso práctico. En 2025, el 97.8% de los usuarios de internet usaba servicios de mensajería, el 94.8% servicios telefónicos, el 86.4% redes sociales y el 71.7% juegos, videos o películas. Estas cifras muestran por qué los medios móviles y digitales son centrales para acceder a información cotidiana. No significan que todas las fuentes sean igual de fiables ni que todos tengan la misma calidad de conexión. La tasa de uso de internet entre niños de 10 a 14 años era mucho menor: 55.9%; por ello, la edad, la supervisión y las condiciones de acceso son relevantes al evaluar servicios de medios. CONATEL regula formalmente la radiodifusión de radio y televisión. Una empresa de radio o televisión necesita las aprobaciones técnicas y de servicio requeridas, una licencia o título y una instalación conforme al Plan Nacional de Frecuencias de Paraguay. La radio FM y AM, la televisión, la distribución por cable, DATDH y los servicios digitales figuran en los registros pertinentes de CONATEL. La televisión digital terrestre utiliza la norma ISDB-TB. Normalmente, la recepción gratuita de señales terrestres de radio y televisión no requiere suscripción; la distribución por cable y servicios similares puede tener costo. Las empresas e instituciones que prestan servicios de radiodifusión deben pagar cargos por licencia, uso de frecuencias e inspección; los trámites y plazos dependen de cada autorización. La radio comunitaria es una forma de participación reconocida por ley, pero limitada. Conforme a las Leyes 642/1995 y 4179/2011, la cobertura pequeña puede utilizar hasta 50 vatios y la mediana hasta 300 vatios. Una organización intermediaria sin fines de lucro legalmente constituida puede solicitar autorización a CONATEL si cumple los requisitos técnicos y legales. Las emisoras comunitarias pueden tener fines culturales, educativos, artísticos e informativos, pero no operar como empresas comerciales, emitir publicidad o propaganda ni arrendar la autorización. Una norma tarifaria especial de 2025 se refiere a radios comunitarias indígenas. Entre los medios estatales figuran Paraguay TV, Radio Nacional del Paraguay, emisoras regionales, Agencia IP y otros servicios digitales administrados por MITIC y la Dirección General de Medios del Estado. Ofrecen información pública por televisión, radio, sitios web y redes sociales. Las cifras publicadas para 2025 incluían una audiencia media de aproximadamente 4,500 personas al mes en la transmisión permanente de Paraguay TV, 68,319,138 unidades de alcance en Facebook e Instagram para medios estatales y 1,251,914 usuarios únicos de sitios web estatales. La información estatal cumple una función pública, pero no debe considerarse automáticamente periodismo independiente. La Constitución exige acceso democrático, plural e igualitario a los medios estatales. El streaming en Paraguay está fragmentado. En el marco revisado no se identificó un regulador nacional específico de streaming ni un sistema paraguayo unificado de acceso. Por lo general, las personas utilizan conexiones a internet, datos móviles, transmisiones web, servicios de video a pedido, cable o DATDH y plataformas privadas o internacionales. El acceso depende de una cuenta cuando sea necesaria, un dispositivo adecuado, ancho de banda suficiente y las tarifas de la plataforma o proveedor de conectividad. El streaming, la reproducción, distribución y comunicación pública pueden involucrar derechos de autor y derechos conexos; por lo general, copiar o compartir públicamente material protegido requiere la autorización del titular, salvo que se aplique una excepción legal. Las redes sociales y la mensajería instantánea permiten publicar, comentar, hacer campañas y transmitir en vivo con pocas barreras. Paraguay no tiene una única autoridad para todas las plataformas de redes sociales. La conectividad corresponde al ámbito de CONATEL; los canales estatales son gestionados por instituciones públicas, incluida MITIC; y los derechos sobre los contenidos se rigen por DINAPI y la legislación de derecho de autor. La Ley 7593, ley general de protección de datos personales de 2025, también incide en la recopilación y publicación de información personal. Por lo tanto, una publicación puede plantear cuestiones independientes de libertad de expresión, derecho de autor, privacidad, datos personales, protección contra la violencia y protección infantil. La Constitución protege la libertad de expresión, la libertad de prensa, la ausencia de censura, la protección de las fuentes y el derecho de autor periodístico. La Ley 1328/1998 abarca el derecho de autor y los derechos conexos en obras audiovisuales y de radio, incluidos reproducción, distribución, comunicación pública y transmisión digital. La Ley 5777/2016 ofrece pautas para los medios sobre violencia y discriminación contra las mujeres. Se puede solicitar información pública a una institución describiendo claramente la información requerida e indicando el formato preferido. Conforme al marco citado, la institución debe responder dentro de 15 días hábiles. En la investigación revisada no se estableció una tarifa uniforme de acceso a contenidos de prensa; las suscripciones, los datos, las licencias y los precios de los proveedores varían según el servicio. Las organizaciones de medios y sus usuarios deben prestar especial atención a niños y adolescentes. Las Leyes 1680/2001 y 6083/2018 los protegen en la transmisión digital de información, los servicios de mensajería y las redes sociales. Los medios no deben publicar el nombre, imagen, audio u otros datos identificatorios de un niño o adolescente víctima, sospechoso de una infracción, testigo de un accidente o desastre, o víctima de otra vulneración de derechos; en esos casos, las entrevistas están prohibidas. La Ley 7605/2025 establece una excepción específica para personas desaparecidas. El artículo 32 del Código de la Niñez también prohíbe suministrar a niños o adolescentes material pornográfico sin protección, videojuegos perjudiciales o acceso a internet irrestricto y sin filtros. MINNA, CODENI y el sistema especializado de justicia juvenil pueden intervenir cuando se necesiten medidas de protección. Para evaluar fuentes de manera fiable, distingue la fuente del formato. Cuando corresponda, contrasta las afirmaciones públicas con materiales primarios de instituciones públicas, BACN, CONATEL, INE, MITIC o DINAPI. Compara las noticias de medios estatales, el periodismo privado, las publicaciones en plataformas y los aportes de usuarios según su fuente, evidencia, fecha y responsabilidad editorial. En el marco revisado no se identificó una institución nacional única de alfabetización mediática o verificación de datos que cubra todo el ámbito. Por ello, una publicación en redes sociales puede servir como prueba de que alguien publicó algo, pero no demuestra por sí sola que la afirmación sea verdadera.