Derecho penal en San Marino

San Marino aplica el principio de legalidad: una conducta solo puede generar responsabilidad penal si una ley la define como delito, y una ley posterior más favorable puede aplicarse retroactivamente conforme al Nuovo Codice Penale. La jurisdicción penal abarca, por regla general, los delitos cometidos en San Marino y a bordo de barcos, embarcaciones recreativas y aeronaves sammarineses, además de las normas extraterritoriales para delitos enumerados, terrorismo y delitos cubiertos por tratados internacionales. San Marino distingue entre misfatti, que requieren intención, y delitti, que también pueden cometerse por negligencia. Una omisión puede generar responsabilidad cuando la persona tenía el deber legal de actuar. La tentativa, la legítima defensa, el estado de necesidad, la coacción, el error y la falta de capacidad penal pueden afectar a la responsabilidad o a la pena. Cualquier persona puede denunciar una posible conducta delictiva ante el Commissario della Legge, la Gendarmeria, la Polizia Civile u otra autoridad policial. Una querela es una denuncia formal necesaria para determinados delitos, que debe presentarse con arreglo al formato y plazo aplicables. La policía remite la información a la judicatura sin demora. En casos urgentes, la policía puede asegurar objetos y pruebas, presentar un informe en 48 horas y obtener validación judicial en 96 horas. En casos de violencia, el informe debe remitirse en 72 horas. El Juez de Instrucción dirige las investigaciones preliminares, mientras que el Procuratore del Fisco supervisa la legalidad del proceso y también tiene en cuenta las circunstancias favorables a la persona acusada. Se requieren pruebas lícitas. Los plazos de investigación suelen ser de 18 meses para delitos castigados con multa o arresto o con prisión de primer o segundo grado; 24 meses para prisión de tercer o cuarto grado; 30 meses para prisión de quinto o sexto grado; y 36 meses para penas superiores. Puede concederse una prórroga motivada de hasta cuatro meses. La notificación judicial suele durar 90 días. La persona acusada y su abogado defensor tienen amplio acceso al expediente y pueden presentar documentos y solicitudes, obtener copias y asistir o estar representados en las diligencias pertinentes. Si no tiene abogado propio, la persona acusada puede disponer de un abogado de oficio designado por el tribunal. Las medidas cautelares, como la detención, el arresto domiciliario, las restricciones de viaje, las obligaciones de comparecencia, las prohibiciones de contacto o residencia y la suspensión de derechos profesionales, públicos o parentales, requieren pruebas sólidas y un riesgo actual concreto. El tribunal debe imponer la medida suficiente menos restrictiva. Los periodos de detención y sus posibles prórrogas dependen de la categoría del delito; se puede solicitar la revisión de una orden de detención en un plazo de 96 horas y la decisión de revisión se dicta en 48 horas. Los recursos contra medidas cautelares suelen tener un plazo de diez días, con posibilidad de otros diez; el recurso de legalidad suele tener un plazo de 30 días. Las sanciones incluyen prigionia de primero a octavo grado, con penas de entre tres meses y 35 años; interdizione, arresto, multa, multa diaria, amonestación judicial, medidas de seguridad y decomiso. Por lo general, puede suspenderse una condena de hasta dos años; el límite puede extenderse a tres años para personas menores de 18 o de 70 años o más. Según la sentencia y la evaluación de riesgo, las alternativas pueden incluir libertad vigilada por los servicios sociales, arresto domiciliario, libertad condicional, semilibertad, permisos para trabajar o estudiar y vigilancia electrónica. El Carcere dei Cappuccini es el centro penitenciario. El trabajo en prisión puede realizarse dentro o fuera del centro por orden de un juez de ejecución, y puede retenerse hasta la mitad de los ingresos para gastos procesales, manutención o reclamaciones de indemnización. La Ley 78/2023 y el Reglamento 7/2023 establecen la dignidad humana, la conservación de los derechos que no se pierden, la presunción de inocencia antes de la condena, la necesidad de una orden válida de detención, la evaluación de riesgos y la reinserción. El acuerdo entre Italia y San Marino del 31 de marzo de 2022 facilita el reconocimiento y la ejecución de sanciones alternativas, libertad vigilada y libertad condicional. La persona perjudicada puede examinar el expediente, presentar solicitudes y pruebas y participar en registros o peritajes. Al constituirse en parte civil, puede reclamar una indemnización dentro del proceso penal. En casos de violencia contra las mujeres, violencia contra menores, violencia de género o violencia doméstica, los servicios sociales, cuerpos policiales, profesionales sanitarios y docentes tienen deberes de notificación conforme a la Ley 97/2008 y el Decreto 62/2024. La Autorità per le Pari Opportunità, la Unidad de Salud Mental, la Unidad de Protección de Menores y el Juez Tutelar pueden tener funciones definidas. La policía puede expulsar del domicilio familiar a una persona presuntamente agresora, incautar armas y organizar alojamiento mediante los servicios sociales. Las órdenes de protección pueden incluir la exclusión del domicilio familiar, prohibiciones de contacto o de acercarse a menos de 500 metros, normas de visita y pagos de manutención. En los casos pertinentes se dispone de confidencialidad, entrevistas grabadas, asistencia psicológica y procedimientos adaptados a menores. La línea de asistencia a víctimas de violencia, 0549 994800, funciona las 24 horas. Una persona menor de 14 años no es penalmente responsable. Para quienes tienen entre 14 y 17 años, la responsabilidad depende de su capacidad para comprender y controlar la conducta, que suele evaluarse mediante un peritaje biopsicológico; la pena se reduce uno o dos grados. En determinados casos, una persona de hasta 21 años puede recibir una reducción de un grado. La información documentada sobre el sistema sammarinés no establece un tribunal juvenil separado; la Unidad de Protección de Menores y el Juez Tutelar desempeñan funciones específicas en casos de violencia y protección. Los delitos viales incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, sustancias psicotrópicas o un uso indebido de medicamentos. El límite de alcohol es de 0,50 mg/ml; negarse a una prueba médica conlleva la misma pena, y el delito puede dar lugar a arresto de tercer grado, multa o una alternativa, y retirada del permiso de conducir de primer grado. Los delitos digitales incluyen acceso no autorizado a sistemas, interceptación o interferencia ilícita, daños a datos o programas, fraude informático, fraude de identidad en documentos o firmas electrónicas y difusión no consentida de imágenes o vídeos sexualmente explícitos. Este último delito puede conllevar prisión de primero a tercer grado, según las circunstancias agravantes, una multa de 2.000 a 12.000 EUR y decomiso. La cooperación internacional puede incluir extradiciones con arreglo a la Ley 41/2014 y solicitudes de pruebas o documentos conforme a las leyes 104/2009 y 128/2010. La extradición requiere doble incriminación y excluye la discriminación política y los castigos inhumanos; el terrorismo no se considera delito político a efectos de esa exclusión. Los procesos penales también deben respetar plazos razonables de tres años en primera instancia, dos años en segunda y uno en tercera, con un máximo total de seis años. Por lo general, la reclamación de satisfacción se presenta en cuatro meses y puede dar lugar a una indemnización de entre 1.000 y 2.000 EUR por cada año de exceso.