Desempleo en Sudán

La guerra iniciada en abril de 2023 ha destruido empresas e infraestructuras, desplazado a trabajadores y alterado los sistemas de pago y los mercados laborales locales. Por eso, el desempleo suele ir acompañado de pérdida de medios de vida, reducción de jornada o inactividad forzada. El Banco Mundial estimó el desempleo en un 32 % en 2022, un 46 % en 2023 y un 47 % en 2024. Las proyecciones del FMI dan cifras distintas: 60,8 % para 2024, 60,6 % para 2025 y 61,3 % para 2026. Estas cifras utilizan métodos y fuentes de datos diferentes; no deben tratarse como registros administrativos ni compararse como si midieran exactamente a la misma población. No hay pruebas fiables de que Sudán tenga un sistema nacional de registro de desempleo con una prestación ligada a los ingresos. No se dispone de un importe nacional verificado, un plazo de solicitud, un periodo de tramitación ni una duración de pago. La Ley del Trabajo de 1997 regula las agencias de empleo, la contratación y el registro de trabajadores, pero las pruebas disponibles no establecen la existencia de un registro nacional operativo de personas que buscan trabajo, un trámite en línea ni un servicio de colocación ampliamente eficaz. La búsqueda de empleo suele depender de familiares y amistades, redes informales y contactos locales. La protección formal de ingresos más clara es la indemnización por antigüedad para los empleados cubiertos. Por lo general, el trabajador debe haber completado al menos tres años continuos con el mismo empleador. El cálculo legal es un salario básico mensual por año para entre tres y nueve años de servicio, 1,5 salarios mensuales por año entre diez y catorce años, y 1,75 salarios mensuales por año a partir de quince años, con un máximo de 36 salarios básicos mensuales. Legalmente, el empleador debe pagarla, pero su cumplimiento es incierto durante el conflicto. Las reglas no cubren a todos los trabajadores: el Código del Trabajo excluye o cubre de forma limitada a grupos como funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, trabajadores domésticos, agrícolas, familiares y ocasionales. El Fondo Nacional de Pensiones y Seguro Social (NPSIF) cubre principalmente vejez, invalidez, supervivencia, enfermedad, maternidad y lesiones laborales, no el desempleo. Se estima que la cobertura formal es inferior al 10 % de la población activa, mientras que una evaluación de la OIT de 2011 estimó que el empleo informal rondaba el 87 %. Incluso muchas personas registradas como trabajadoras por cuenta propia no tienen cobertura por desempleo. El Fondo Nacional de Seguro de Salud (NHIF) cubre la salud y no reemplaza los salarios perdidos. Las oficinas de trabajo estatales y locales, el Ministerio de Recursos Humanos y Bienestar Social (MHR&SW) y el Fondo del Zakat pueden desempeñar funciones administrativas o de asistencia pertinentes, pero el acceso y la capacidad varían de un estado a otro y entre regiones. La asistencia humanitaria y para los medios de vida es la principal alternativa práctica allí donde hay programas activos. Agencias de la ONU y organizaciones locales, entre ellas el PNUD, la OIT, ACNUR, UNICEF, el PMA y la FAO, han apoyado ayudas en efectivo, alimentos, insumos para medios de vida, competencias profesionales, oportunidades salariales, trabajo por cuenta propia y apoyo a pequeñas empresas. El microfinanciamiento y las asociaciones comunitarias de ahorro y préstamo también pueden servir como herramientas para generar medios de vida. Estos programas no son prestaciones automáticas por desempleo: dependen del programa, la financiación de donantes, la seguridad, el registro y una evaluación de vulnerabilidad. Normalmente no cobran al usuario, aunque el transporte, la comunicación y los documentos de identidad pueden generar costos reales de acceso. Las personas refugiadas y desplazadas internas (IDP) pueden enfrentarse a la falta de documentos nacionales de identidad, largas distancias hasta los centros de servicio, obstáculos de transporte y poca integración en los sistemas laborales y de protección social. Las mujeres, las personas trabajadoras rurales y quienes trabajan por cuenta propia están especialmente expuestos a las brechas de cobertura formal. En los datos de una encuesta urbana de mayo a julio de 2024, el 18 % de los hogares declaró carecer de ingresos o trabajo, frente al 1,6 % antes de la guerra; el empleo a tiempo completo se había reducido aproximadamente a la mitad y el 76 % indicó que no recibía ninguna asistencia. Las redes privadas eran una fuente de ayuda más frecuente que el gobierno o las ONG. Algunos programas ofrecen vías para volver a generar ingresos en lugar de pagos periódicos por desempleo. En 2024, unas iniciativas respaldadas por la ONU proporcionaron formación profesional a alrededor de 55.500 jóvenes en situación de riesgo. PROSPECTS Sudan informó de unas 3.000 oportunidades de empleo asalariado y por cuenta propia a junio de 2026, sobre todo en Nilo Blanco y Kassala, para personas refugiadas, desplazadas internas y comunidades de acogida. Estos programas no ofrecen una garantía nacional ni una colocación automática. Hay que verificar su disponibilidad local, porque la responsabilidad, la elegibilidad y la continuidad del servicio cambian según la región y la situación de seguridad.