Derecho penal en Turkmenistán

El Código Penal es la única fuente de responsabilidad penal en Turkmenistán. Solo puede exigirse responsabilidad penal a una persona por una conducta que la ley defina como delito; las autoridades no pueden crear responsabilidad mediante analogía jurídica. La nueva edición vigente se aprobó el 17 de abril de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023. El registro legislativo oficial señala una modificación de 30 de septiembre de 2023. El registro del Código de Procedimiento Penal incluye modificaciones de 12 de abril de 2025 y 22 de noviembre de 2025. El derecho penal turcomano se aplica en todo el país y también abarca conductas vinculadas con aguas interiores, mar territorial, espacio aéreo, plataforma continental, zona económica exclusiva y buques turcomanos. Conforme a la norma nacional indicada, los ciudadanos turcomanos no son extraditados. Los extranjeros y las personas apátridas pueden ser extraditados cuando así lo disponga un tratado. Un delito es un acto u omisión culpable y socialmente peligroso que causa un daño o crea una amenaza reconocida legalmente. Los delitos se clasifican según la pena máxima de prisión: los delitos leves conllevan hasta 2 años; los de gravedad media, hasta 8 años; los graves, hasta 15 años; y los especialmente graves, hasta 25 años. La preparación solo es punible en delitos de gravedad media, graves y especialmente graves. El Código también regula la tentativa, la complicidad y la reincidencia. La inimputabilidad puede excluir la responsabilidad penal y dar lugar a medidas médicas obligatorias; por lo general, la intoxicación no constituye una defensa. El procedimiento habitual comienza con una denuncia u otra base para abrir una causa penal. A continuación pueden tener lugar la investigación inicial, denominada дознание, o una investigación preliminar. Entre los órganos de persecución penal figuran los investigadores de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los órganos de seguridad nacional. El fiscal supervisa la legalidad de la apertura o denegación de una causa y puede anular una decisión ilícita. En general se exige una investigación preliminar, salvo excepciones limitadas. Los investigadores no pueden utilizar violencia, amenazas u otros métodos ilegales, y no se admiten pruebas obtenidas ilícitamente o de una fuente desconocida. La detención requiere una causa legal. Debe notificarse de inmediato a la familia o a un pariente cercano y el período total de detención de un sospechoso no puede superar las 72 horas. El interrogatorio debe empezar de inmediato y, en cualquier caso, celebrarse dentro de las 24 horas siguientes a la detención. Se debe notificar de inmediato a los padres o tutores de una persona menor de edad. Entre las medidas cautelares figuran la prohibición de salir del lugar, la fianza personal o institucional, la caución y la prisión preventiva. La prisión preventiva normalmente requiere autorización del fiscal para delitos cuyo máximo de pena supere los 2 años; se pretende que la prisión preventiva de menores sea excepcional. La caución está prevista legalmente, aunque se ha informado que su aplicación práctica es irregular. El sospechoso o acusado tiene derecho a guardar silencio y no puede ser obligado a declarar contra sus parientes cercanos. La acusación tiene la carga de la prueba y una confesión por sí sola no es suficiente. Debe haber un abogado desde el interrogatorio, la formulación de la acusación o la notificación de la detención o prisión preventiva, y a más tardar 24 horas después de la detención. La asistencia letrada es obligatoria en los casos de menores, cuando una discapacidad afecta la capacidad de defenderse, durante un examen psiquiátrico y cuando el acusado la solicita. Entre las garantías declaradas figuran las reuniones confidenciales con el abogado, el acceso a pruebas, la presentación de solicitudes, el uso de un intérprete, el acceso al expediente y la posibilidad de presentar quejas o recursos. La asistencia jurídica gratuita está disponible cuando la ley lo establece. Solo un tribunal puede condenar a una persona o imponer una pena penal. Según la competencia, los casos pueden ser vistos por el Tribunal Supremo, los tribunales de velayat, los tribunales de Ashgabat y de las ciudades, o los tribunales de etrap y de ciudad. En general, los juicios son públicos, pero el tribunal puede celebrarlos a puerta cerrada por secretos de Estado, asuntos íntimos, casos de menores o delitos sexuales. Normalmente se exige la participación del fiscal del Estado. Puede haber absolución cuando no hubo delito, la conducta no reúne los elementos del delito o el acusado no participó. La casación la conocen tres jueces. Los plazos de revisión incluyen hasta 15 días, con posible prórroga excepcional de 10 días, para los tribunales de velayat o ciudad, y hasta un mes, con posible prórroga excepcional de un mes, para el Tribunal Supremo. La ley prevé penas que incluyen multa, inhabilitación, pérdida de títulos o condecoraciones, trabajos obligatorios o correctivos, restricciones de residencia, confiscación, restricción de libertad, prisión y sanciones militares. La persona infractora también puede estar obligada a reparar el daño. La pena de prisión normalmente oscila entre 6 meses y 15 años; los delitos especialmente graves pueden conllevar hasta 25 años. La pena de muerte fue abolida constitucionalmente. La amnistía, el indulto y la libertad condicional pueden afectar la ejecución. Por lo general, la libertad condicional exige haber cumplido al menos un tercio de la pena en delitos leves o de gravedad media, la mitad en delitos graves y dos tercios en delitos especialmente graves, con un mínimo de 6 meses cumplidos. Los plazos para la cancelación de antecedentes suelen ser de 1, 2, 3 o 5 años según la gravedad del delito. Los delitos comprendidos en el Código incluyen delitos contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad, la intimidad, la familia y los menores, además de trata de personas, drogas, seguridad del Estado, extremismo, corrupción, medioambiente, transporte y servicio militar. La trata de personas prevista en el artículo 128 conlleva de 4 a 10 años de prisión; los casos agravados, de 8 a 15 años. La tortura por un funcionario o por una persona que actúe en calidad oficial, conforme al artículo 201, conlleva de 3 a 8 años, o de 5 a 10 años en casos agravados, con consecuencias más severas si causa la muerte o daños graves. El artículo 133 tipifica como delito las relaciones sexuales entre hombres y establece penas de hasta 2 años, o de 3 a 20 años en casos agravados. Los delitos viales abarcan conductas relacionadas con el transporte ferroviario, acuático, aéreo y por carretera. Los daños, lesiones o muertes causados por negligencia, la intoxicación y abandonar el lugar del incidente pueden agravar las consecuencias. Causar la muerte de dos o más personas bajo los efectos del alcohol o abandonar el lugar puede conllevar de 8 a 15 años. La conducción en estado de ebriedad que cause lesiones de gravedad media o daños menores puede conllevar 6 meses de prisión; la reincidencia dentro de 2 años puede conllevar hasta 2 años. La reparación voluntaria e íntegra de daños menores puede excluir la responsabilidad en casos definidos. Un capítulo específico sobre delitos digitales abarca el acceso ilícito, la coacción para transferir información, la destrucción o alteración de datos, la interrupción de sistemas o redes de información, la apropiación ilícita, la información falsificada, los programas maliciosos, la información electrónica restringida, los recursos de internet para fines ilegales, la manipulación de SIM o IMEI y el incumplimiento de normas técnicas sobre drones. Las consecuencias van desde multas y trabajos correctivos hasta penas de prisión de hasta 10 años por delitos graves o conductas grupales que causen consecuencias graves. En el procedimiento penal, el investigador, el fiscal o el tribunal reconocen a las víctimas. Las víctimas pueden recibir información, presentar pruebas y solicitudes, consultar el expediente una vez concluida la investigación, participar en los procedimientos, designar representante, reclamar indemnización y recurrir decisiones. Los parientes cercanos pueden heredar derechos procesales cuando la víctima haya fallecido. Puede presentarse y resolverse junto con la causa penal una reclamación civil por daños materiales. Una ley separada establece la protección estatal de víctimas, testigos y otras personas participantes. Se considera menor a una persona de 14 a menos de 18 años. La responsabilidad penal general comienza a los 16 años. Desde los 14 años, la responsabilidad se limita a los delitos graves enumerados, entre ellos el homicidio intencional, las lesiones corporales graves, la violación, el hurto, el robo, la extorsión, la sustracción ilícita de un vehículo y determinados delitos de armas o narcóticos. Al imponer una pena a un menor se consideran su desarrollo, las condiciones de vida y educación, la salud, la escolarización y la influencia de adultos. Las penas disponibles incluyen multa, trabajos correctivos, restricción de libertad y prisión. Los trabajos correctivos se limitan a menores de al menos 16 años aptos para realizarlos. La prisión está limitada a 1 año para delitos leves, 5 años para delitos de gravedad media, 9 años para delitos graves y 12 años para delitos especialmente graves. Un primer delito leve o de gravedad media no conlleva prisión, y pueden aplicarse medidas educativas. La pena de prisión se cumple en colonias penitenciarias, centros de régimen abierto, establecimientos de régimen general, estricto o especial, prisiones, colonias educativas y centros médicos penitenciarios. Los objetivos declarados incluyen la rehabilitación, la prevención y la adaptación social. El trabajo, la educación, la formación profesional y el apoyo psicosocial pueden formar parte de la ejecución. Las visitas cortas pueden durar hasta 4 horas y las largas hasta 3 días. El Defensor del Pueblo puede visitar prisiones sin autorización especial, y las quejas de los presos deben remitirse sin censura en un plazo de 24 horas. La asistencia para la puesta en libertad puede incluir apoyo para obtener trabajo y vivienda. El sistema formal ofrece amplias garantías procesales, mientras que informes externos han documentado denuncias de detención arbitraria, tortura o malos tratos, duras condiciones penitenciarias, independencia judicial limitada, detención incomunicada y acceso tardío o irregular a asistencia letrada. No se dispone de datos públicos nacionales fiables sobre los casos penales y su prevalencia. Estas condiciones de aplicación pueden influir en el curso práctico de un caso, incluso cuando la norma legal sea clara.