Protección al consumidor en Turkmenistán

Los consumidores pueden elegir libremente bienes y servicios y recibir información completa y precisa sobre el proveedor, el producto, el precio, la garantía, el origen, la seguridad, el uso y la vida útil. Los vendedores y proveedores de servicios deben emitir un recibo de caja o de compra cuando se exija, ofrecer productos seguros y conformes, respetar las garantías aplicables, retirar los bienes peligrosos y cooperar con las inspecciones oficiales. La falta de recibo no invalida automáticamente una reclamación; los testigos y otras pruebas pueden ayudar a demostrar la compra. Los contratos de bienes, obras y servicios para uso privado y no comercial no pueden suprimir los derechos legales del consumidor. No se permiten servicios adicionales no autorizados, ventas vinculadas ni pagos anticipados sin fundamento contractual. La entrega se realiza dentro del plazo acordado. Si el proveedor se retrasa, el consumidor normalmente puede desistir, recibir el anticipo en un plazo de 3 días naturales y reclamar una penalización del 1 % diario, limitada al importe del anticipo. Por regla general, un producto no alimentario sin defectos puede cambiarse dentro de 15 días naturales si no se ha usado y conserva su estado original, sujeto a las exclusiones legales y a las reglas para productos fabricados individualmente. Los alimentos con el envase intacto pueden devolverse dentro de 36 horas si se cumplen las condiciones legales aplicables. Si no hay un producto de sustitución disponible, el proveedor devuelve el dinero en un plazo de 3 días naturales. El consumidor puede cancelar un contrato de un producto encargado individualmente u otro producto antes de la entrega sin indicar un motivo, aunque pueden descontarse los costes de ejecución documentados. Por regla general, un contrato de obra o servicio puede cancelarse en cualquier momento, pero podrían seguir siendo exigibles los costes reales ya incurridos. Para bienes o servicios defectuosos se aplica la garantía pertinente; si no rige una garantía especial, el plazo general es de 2 años y las reglas sobre pruebas dependen de las circunstancias. El vendedor debe aceptar el producto para examinar su calidad. La evaluación pericial suele completarse en 3 días y la reparación, sustitución o nueva prestación en 20 días naturales. Si se incumple el plazo de solución, el consumidor puede desistir y solicitar el reembolso en 3 días hábiles, junto con una penalización por demora del 1 % diario. Un defecto sustancial puede dar derecho a sustitución, nueva prestación gratuita o cancelación con reembolso. Si no hay existencias para la sustitución, el plazo para reemplazar el producto es de 10 días naturales. Las reclamaciones por daños a la vida, la salud, los bienes o el medio ambiente pueden presentarse dentro de 10 días naturales según el procedimiento pertinente; si no se aplica un plazo menor, el plazo máximo es de 10 años desde la entrega. El comercio electrónico consiste en ventas a distancia realizadas mediante documentos electrónicos. Los proveedores deben comunicar su situación jurídica, los bienes o servicios, el precio y las condiciones contractuales, limitar la recopilación de datos personales y reducir los riesgos de fraude. El comprador a distancia puede desistir hasta la recepción y, una vez recibido el producto, dentro de 7 días naturales. Si el proveedor no facilitó la información exigida sobre devoluciones, el plazo puede ampliarse a 3 meses. El reembolso debe efectuarse como máximo en 10 días naturales, sin perjuicio de deducciones permitidas, como los gastos de entrega y devolución. Los pagos electrónicos se rigen por las normas del Banco Central. El marco general de protección al consumidor también se aplica a contratos privados de crédito, depósito, seguro y pago, mientras que el Banco Central supervisa los bancos y protege a acreedores y depositantes. Las entidades de crédito fijan sus comisiones y tarifas dentro de los límites legales. Un comerciante no debe restringir los pagos con tarjeta o sin efectivo sin motivo lícito. Las fuentes oficiales no confirman un defensor del cliente financiero independiente ni un portal de reclamaciones bancarias específico verificado; según el conflicto, pueden ser pertinentes el proveedor, el Banco Central y los canales generales de reclamación o judiciales. Los derechos de los pasajeros aéreos se derivan del Código Aéreo y del contrato de transporte acreditado por el billete y el resguardo de equipaje. Incluyen el derecho a información, franquicia de equipaje gratuita y asistencia para niños y personas con discapacidad. Si la compañía aérea provoca una interrupción o demora forzosa, el pasajero puede recibir acceso gratuito a instalaciones de descanso, espacios para madre e hijo o instalaciones para personas con discapacidad, así como alojamiento hotelero cuando lo exijan las normas. El pasajero puede cancelar antes de la salida y solicitar un reembolso total o parcial conforme a las reglas de transporte aplicables. Las reclamaciones por equipaje perdido o dañado requieren el billete, el documento de equipaje y un acta comercial. El alojamiento y otros servicios de viaje se rigen principalmente por el marco general de protección al consumidor, pues no se documenta una estructura general de defensoría turística. La electricidad y la calefacción se suministran mediante un contrato de usuario que determina la cantidad y calidad del suministro, la medición y la tarifa aplicable. Los consumidores pueden reclamar por el suministro y la compensación en caso de deficiencias, pero deben pagar, seguir las reglas de consumo y medición y permitir inspecciones autorizadas. Por lo general, el corte va precedido de un aviso y está sujeto a las reglas aplicables, con excepciones por emergencia o escasez. El suministro de gas utiliza un sistema nacional: el Gabinete de Ministros fija la política y las reglas, la autoridad de gas autorizada administra el sector y pueden intervenir las autoridades ejecutivas locales. Los cargos pueden basarse en un contador o una norma de consumo; conviene comprobar las tarifas y límites gratuitos vigentes en lugar de inferirlos de informes antiguos. Los medicamentos y dispositivos médicos requieren registro, control de calidad y certificación. Las actividades farmacéuticas y relativas a dispositivos médicos requieren licencia, y la dispensación corresponde a personal farmacéutico cualificado sujeto a las reglas de prescripción. Se prohíben los productos de calidad inferior, falsificados o no autorizados; su retirada y destrucción pueden involucrar al titular, la autoridad o un tribunal. El Ministerio de Salud y de la Industria Médica supervisa el almacenamiento, transporte, venta, publicidad y seguimiento de efectos adversos. El programa estatal voluntario de seguro médico ofrece una ventaja del 50 % en el precio de los medicamentos incluidos que se compren en farmacias estatales. Las reclamaciones por productos pueden presentarse ante la autoridad sanitaria o el organismo local y también pueden tramitarse por el proceso general de reclamación de consumidores; no se ha confirmado un plazo general de reembolso para esos productos. Por lo general, una reclamación comienza con pruebas escritas dirigidas al vendedor o proveedor de servicios. Conserva el contrato, recibo o comprobante de pago, fotografías, correspondencia, datos de testigos y material pericial. El proveedor debe examinar la reclamación del consumidor con prontitud, objetividad y exhaustividad y comunicar su decisión. Si no se resuelve el problema, puede presentarse una reclamación ante el Ministerio de Comercio y Relaciones Económicas Exteriores, una autoridad sectorial competente o un órgano ejecutivo local o de autogobierno. El Ministerio es el organismo autorizado para atender reclamaciones, ejercer control y representar a consumidores en tribunales. El Servicio Estatal Principal «Turkmenstandartary» se ocupa de normalización, conformidad y certificación. El consumidor también puede presentar una demanda directamente ante un tribunal en el lugar de residencia o donde se produjo el daño; la tasa judicial estatal para una demanda de consumo es 0. Las pruebas nacionales disponibles no documentan un sistema independiente de defensoría del consumidor ni una variación específica verificada para una ciudad. La información falsa o ausente sobre un producto, la negativa a aceptar una devolución o reparación legal y otras formas de engaño al consumidor pueden dar lugar a medidas administrativas. El artículo 313 establece multas por fraude al consumidor, vinculadas al importe básico y que, para la infracción indicada, pueden alcanzar hasta 12 importes básicos. El fraude al consumidor de mayor gravedad puede quedar comprendido en el artículo 286 del Código Penal; también pueden aplicarse el artículo 249 sobre fraude general y el artículo 312¹ sobre publicidad deliberadamente falsa. La policía o la fiscalía son adecuadas cuando los hechos sugieren un delito; también puede reclamarse el reembolso y la indemnización mediante una demanda civil.