Impuestos en San Marino

El Dipartimento Economia e Finanze y su Ufficio Tributario administran los impuestos nacionales de San Marino. El país utiliza el euro, está fuera de la Unión Europea y coopera con Italia y la UE en materia aduanera y fiscal. El sistema aplicable no contempla una autoridad fiscal regional o municipal independiente. La IGR se calcula de forma distinta según la residencia y la fuente de ingresos. Una persona residente suele declarar sus ingresos mundiales y puede recibir un crédito por impuestos pagados en el extranjero, limitado al impuesto sammarinés atribuible a esos ingresos. Las personas no residentes suelen tributar por ingresos de fuente sammarinesa, incluidos ingresos por terrenos, edificios u otros activos situados en San Marino, pagos del Estado o de residentes, y trabajo local o un establecimiento permanente. Los tipos personales de IGR son progresivos: 9 % hasta 10.000 EUR; 13 % de 10.000,01 a 18.000 EUR; 17 % de 18.000,01 a 28.000 EUR; 21 % de 28.000,01 a 38.000 EUR; 25 % de 38.000,01 a 50.000 EUR; 28 % de 50.000,01 a 65.000 EUR; 31 % de 65.000,01 a 80.000 EUR; y 35 % por encima de 80.000 EUR. Los tramos se ajustan automáticamente cada dos años; el primer ajuste está previsto para 2028 y no puede superar seis puntos porcentuales. Entre 2026 y 2030, los ingresos de trabajo autónomo, actividad profesional y actividades empresariales contemplados en las disposiciones especificadas tributan al 18 % en lugar del 17 %. Las cotizaciones sociales obligatorias son deducibles en el cálculo personal. Los gastos documentados y trazables, los pagos SMaC y los conceptos elegibles de los anexos A y B de la Ley 141/2025 también pueden influir en el cálculo. Las personas residentes pueden recibir un crédito fiscal SMaC vinculado a tramos de ingresos, con máximos indicados de 5.000 EUR, 900 EUR o 10.000 EUR, según el tramo y las condiciones aplicables. Se está introduciendo gradualmente una nueva base de renta catastral de 2026 a 2029, aplicando el 100 %, 75 %, 50 % y 25 % de la base transitoria pertinente. Las empresas calculan los beneficios netos imponibles restando de los ingresos empresariales los gastos atribuibles a la actividad. Las pérdidas fiscales pueden arrastrarse sin límite temporal, pero por lo general solo puede compensarse hasta el 70 % del beneficio imponible de un año posterior. Las operaciones entre partes vinculadas se valoran según el valor normal y la desgravación depende de los procedimientos de tratado o de acuerdo mutuo. Entre los límites de deducibilidad figuran el 8 % para publicidad, el 10 % para tratamiento de datos e investigación de mercado y el 5 % para gastos de representación. La amortización se rige por el anexo D. Una nueva actividad económica puede reunir las condiciones para una reducción del 50 % de la IGR durante sus primeros cinco periodos fiscales desde 2026, lo que genera un tipo efectivo del 9 % cuando se aplica el tipo del 18 %. Para acceder a ella puede exigirse que no haya existido una actividad comparable en los 12 meses anteriores. La primera tasa de licencia puede estar exenta y, por lo general, la licencia anual está exenta durante los tres primeros años. Además, una empresa puede necesitar una nueva constitución y al menos una persona empleada a tiempo completo en un plazo de seis meses, seguida de una segunda en un plazo de 24 meses. La imposta monofase es un gravamen indirecto sobre bienes importados y servicios relacionados, que normalmente paga la empresa importadora. El tipo estándar es del 17 %, con tipos específicos por producto, como el 2 % o el 6 %. Los bienes de inversión muebles pueden estar sujetos al 1 % sin reembolso, y los vehículos destinados a uso empresarial o privado pueden estar sujetos al 8 % dentro de los límites indicados. A los bienes usados puede aplicárseles la mitad del tipo correspondiente. En algunos casos, la reexportación permite un reembolso, pero los bienes de capital y de consumo quedan excluidos de ese régimen. San Marino también aplica impuestos especiales sobre productos petrolíferos y gravámenes independientes de registro, timbre, complemento, propiedad y patrimonio, conforme a sus normas específicas. Los pagos y los rendimientos de inversiones pueden acogerse a tipos especiales. Los dividendos extranjeros pueden tributar opcionalmente a un tipo neto fronterizo del 3 %; los bonos extranjeros, al 10 %; los intereses de cuentas en el extranjero, al 13 %; y otros intereses extranjeros, al 10 %. Ciertos rendimientos de capital tributan al 10 % o al 13 %, determinados bonos al 11 % y algunos rendimientos bancarios, de depósitos y cuentas a plazo al 13 %, 6 % o 5 %. El pago a una persona no residente por un servicio autónomo prestado desde el extranjero puede generar una retención del 20 %, mientras que el uso o arrendamiento de determinados activos a una persona no residente puede generar una retención del 10 %. Las indemnizaciones por terminación de contrato de hasta 5.000 EUR tributan al 2,5 % y el exceso al 5 %; las pensiones complementarias tributan al 5 %. Las personas residentes con activos en el extranjero suelen presentar DAPEF, la declaración de activos extranjeros, si poseen inversiones, activos o participaciones financieras extranjeras, de forma directa o indirecta. También pueden estar comprendidas asociaciones, fundaciones, fideicomisos y acuerdos fiduciarios reconocidos. IRAFE se aplica a personas residentes que lleven más de cinco años consecutivos residiendo en el país y no utilicen el régimen especial para ingresos extranjeros. Es del 0,20 % sobre los activos financieros extranjeros mantenidos a 31 de diciembre cuando su valor total supera los 20.000 EUR. El importe se autoliquida mediante DAPEF; si se paga de más, se genera una solicitud de reembolso o puede compensarse con SMaC. Los trámites fiscales utilizan el portal PA/IGR y formularios como IGRG para certificados de empleadores, IGRL para personas físicas, IGRM para asociaciones de trabajadores autónomos, IGRN para empresas en copropiedad e IGRO para agentes de retención. El contribuyente puede delegar el trámite en una persona empleada, un commercialista u otro profesional. Las personas empleadas y pensionistas suelen tener retenciones mensuales y presentar una declaración anual en junio del año siguiente. Las empresas y otros contribuyentes empresariales suelen pagar un saldo anual y dos pagos a cuenta; desde 2026, estos pagos son del 35 % antes del 31 de agosto y del 55 % antes del 30 de noviembre, calculados sobre el impuesto del año anterior. En los casos indicados de suspensión o cese no se exige pago a cuenta. Se pueden compensar importes en la cuenta fiscal del Ufficio Tributario, y por lo general un reembolso solicitado a tiempo debe pagarse antes del 31 de octubre del año siguiente mediante SMaC. En el comercio con Italia, las normas sammarinesas aplicables exigen factura electrónica para los intercambios B2B de bienes y servicios. Actualmente no existe una obligación general de facturación electrónica para las operaciones nacionales. El pago de la monofase y la prueba de exportación se tramitan a través del Ufficio Tributario; en el caso de importaciones mediante Poste San Marino, el impuesto puede pagarse al recoger el artículo. El Ufficio Tributario puede revisar impuestos directos e indirectos, comparar datos de la administración pública, solicitar documentos e información de contrapartes y realizar investigaciones financieras. Un informe de control puede dar lugar a un accertamento, es decir, una liquidación fiscal formal. Los contribuyentes tienen derecho a recibir información, ser oídos por la autoridad, oponerse o apelar, y rectificar o completar datos antes de que comience un control cuando los plazos aplicables lo permitan. El cobro puede efectuarse mediante un aviso de pago, la cuenta fiscal o un registro formal de cobro. Las sanciones dependen de la infracción. Un error material puede acarrear el 10 % del impuesto adicional. Una declaración inexacta puede conllevar del 50 % al 100 %, o del 75 % al 150 % cuando el fraude fiscal supera los 120.000 EUR. No presentar una declaración puede acarrear del 100 % al 300 %, con un mínimo de 500 EUR; un caso especial que incluya solo salarios, pensiones o ingresos catastrales certificados conlleva 100 EUR. Una declaración tardía cuesta 400 EUR, importe que se reduce a la mitad si se presenta en un plazo de 30 días. El pago tardío conlleva un 8 %, el impago un 10 % y la falta de retención un 50 %, además de intereses. El fraude cualificado también puede generar responsabilidad penal fiscal. San Marino participa en la asistencia administrativa mutua, acuerdos de intercambio de información fiscal, convenios para evitar la doble imposición, FATCA y CRS. La Ufficio Centrale di Collegamento, o CLO, es la autoridad competente para el intercambio internacional. Las instituciones financieras comunican electrónicamente los datos CRS al CLO, que por lo general los transmite al extranjero antes del 30 de septiembre del año siguiente. El protocolo UE–San Marino de 2025 amplía el intercambio automático de información sobre cuentas; DD11/2026 introduce la diligencia debida sobre criptoactivos desde el 1 de enero de 2026, con comunicación de datos del ejercicio fiscal 2027 antes del 30 de abril del año siguiente. El convenio fiscal con Italia está en vigor desde el 3 de octubre de 2013. Los casos transfronterizos requieren analizar por separado la residencia fiscal, el lugar de trabajo, el establecimiento permanente, el Estado de origen, la titularidad efectiva y los certificados de residencia. Una persona que se desplaza de Italia a San Marino para trabajar puede tributar en el país de trabajo y en el de residencia, con un crédito italiano o una deducción especial según la legislación italiana. El hecho de vivir o trabajar al otro lado de la frontera no da derecho por sí solo a un beneficio general del convenio.